Duro Felguera se querella contra su expresidente por apropiación indebida
La compañía acusa Ángel del Valle de administración desleal
El consejo de administración de Duro Felguera, tras un proceso de investigación interna y a la luz de los informes de un despacho de abogados, acordó presentar una querella criminal contra el anterior presidente y consejero delegado, Ángel Antonio del Valle.
El bufete emitió un informe en el que se consideran indicios de posibles actuaciones que pudieran tener consecuencias en ámbito pena. La querella contra el anterior presidente y consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, se presentó en Gijón. La firma le acusa de administración desleal y apropiación indebida.
Los problemas acuciantes para Duro Felguera llegaron el pasado marzo, cuando evaluó todos los proyectos y detectó proyectos fallidos por 110 millones adicionales que anotó como provisiones en las cuentas de 2018 y que sumó a los 40 millones ya identificados. La gestión estaba derivada de la ejecutada por Ángel del Valle.
“La interposición de la querella no pone fin a la investigación interna que continúa abierta y, por tanto, la querella podría ampliarse tanto por nuevos hechos de los que se llegara a tener conocimiento, como a otras personas que pudieran haber colaborado o participado en los hechos que han dado lugar al acuerdo de interponer la querella”, señaló la firma en una nota.
Ángel Antonio del Valle fue nombrado presidente y consejero delegado en el mes de junio 2011, y dimitió de ambos cargos en noviembre de 2017. Con anterioridad a junio 2011 había sido representante físico de la sociedad Inversiones El Pilés, sociedad que había sido nombrada consejero en 2003 y consejero delegado en mayo de 2008.
En junio de 2018, los acreedores financieros –Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankia, BBVA, Liberbank y Banco Cooperativo– firmaron la reestructuración de la deuda financiera de Duro Felguera por 318 millones de euros. La ajustaron así a la capacidad de generación de caja del negocio, que dejaba respirar a la empresa y, al mismo tiempo, se realizó así un saneamiento de los fondos propios con una ampliación de capital por 125 millones para que estabilizar su situación patrimonial.
Ahora, la empresa, que ganó 11 millones de euros el año pasado frente a las pérdidas sin extraordinarios de 2018, negocia con sus cinco mayores acreedores financieros, el denominado G5, que le dé 80 millones en avales, de los que la aseguradora Cesce se ha comprometido a blindar el 60% del total. Con todo, el consejero delegado de la compañía desde finales de 2018, José María Orihuela, aseguró que busca alternativas con entidades y aseguradoras de los países en los que opera.