De Cos avisa: el ‘greenwashing’ puede generar problemas en el futuro
Pide un denominador común sobre qué activos pueden llevar etiqueta verde
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que existe cierta inquietud entre algunos inversores ante la posibilidad de que se esté produciendo un fenómeno de 'greenwashing' o 'ecopostureo', lo que podría generar problemas reputacionales en el futuro.
Así lo ha puesto de manifiesto De Cos durante su intervención en el Club Español de la Energía, donde ha explicado que algunos emisores de activos verdes podrían estar intentando parecer más concienciados con el cambio climático, por razones de imagen corporativa, de lo que realmente implican sus actuaciones.
En este sentido, el máximo responsable del supervisor financiero nacional ha pedido una homogeneización del mercado y la creación de un denominador común en cuanto a qué activos pueden llevar etiqueta verde y qué activos no.
La iniciativa privada presenta una respuesta en forma de estándares de mercado y empresas certificadoras, pero todavía no cuenta con una trayectoria y reputación suficientemente asentadas debido a su relativa novedad. Esta situación, en la que es necesario contratar a una empresa certificadora para la emisión de un bono verde, deriva en unos mayores costes asociados para las corporaciones.
"La emisión de un bono verde requiere costes adicionales por parte del emisor, dado que va a necesitar contratar a alguna empresa certificadora y pasar auditorías regulares que permitan seguir manteniendo esta etiqueta durante el periodo de vida del bono", ha dicho.
Así, considera que la emisión de un bono verde solo va a compensar al emisor si puede venderlos a un precio superior al de los normales. Con todo, De Cos dice que de momento este no es el caso, dado que se observa una prima negativa a su favor (greenium), que muestra el mayor apetito de ciertos inversores por estos activos.
La regulación "no debe liderar" el cambio
Por otro lado, De Cos ha aseverado que la regulación financiera "ni puede ni debe" liderar el proceso de cambio, sino que son los gobiernos, de un modo coordinado y a través de la política fiscal, los que están legitimados para asegurar la transición hacia una economía más sostenible.
Asimismo, pide a los responsables de la política económica que identifiquen adecuadamente a los que tienen mayor probabilidad de convertirse en "perdedores" e implementar las medidas que mitiguen los efectos negativos que para estos tendrá la transformación.
Los bancos centrales y supervisores y reguladores financieros lo que tienen que hacer es acompañar y vigilar que las entidades incorporan adecuadamente el impacto de las medidas gubernamentales en sus análisis de riesgos. En su opinión, las pruebas de resistencia bancaria pueden ser de gran ayuda, aunque también valora la posibilidad de desarrollar guías de actuación.
En cualquier caso, el gobernador ve de "indudable" importancia la canalización y reasignación de recursos, un papel que sí deben asumir los bancos, facilitando y creando las condiciones para que los flujos de capital se reconduzcan. "Cuanto más ágil sea la reasignación de los recursos, menores serán los costes de transformación", ha apostillado.