Deoleo cierra el litigio con los Salazar y solo cobrará hasta el 6% de los 200 millones que les reclamaba
La empresa dice que la "insolvencia" de los demandados hacía inviable el cobro de un mayor importe
Deoleo pasa página. La compañía aceitera y sus antiguos presidente y vicepresidente, Jesús y Raúl Jaime Salazar, han rubricado esta mañana ante el juez el acuerdo por el que ponen fin a los litigios abiertos entre las partes, sobre todo la reclamación de 200 millones de euros que la empresa les pedía por presunto delito societario, apropiación indebida y abuso de mercado.
Según ha informado esta mañana la empresa en un hecho relevante, el acuerdo contempla que solo recuperará entre ocho y 12 millones de esa cantidad, un máximo del 6% del total reclamado, debido a la "práctica insolvencia" de los Salazar. Una situación que dificultaría "enormemente la recuperación efectiva de los importes reclamados judicialmente a través de una sentencia condenatoria, todo ello con un elevado coste, económico y en tiempo, en los múltiples procedimientos" que tenían abiertos. Además, la empresa ha detallado que el cierre de los litigios era una condición exigida por sus acreedores dentro del proceso de reestructuración financiera que esta atraviesa.
"Se han completado una serie de acuerdos alcanzados con la totalidad de las personas y entidades que eran parte de los diversos pleitos penales y civiles, en virtud de los cuales Deoleo se asegura el cobro efectivo de unas cantidades por un importe neto estimado de entre ocho y doce millones de euros, en función del valor de realización último de algunos activos que serán transmitidos en pago a la sociedad", afirma el hecho relevante firmado por el presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva.
El acuerdo alcanzado también contempla que Jesús Salazar acepte una pena de prisión de 21 meses y 5.100 euros de multa por delito societario, apropiación indebida, abuso de mercado, estafa e insolvencia punible, mientras que su hermano Jaime acataría 10 meses y medio de cárcel más una sanción de 3.300 euros por delito societario, apropiación indebida y abuso de mercado, según adelantó Efe. Fuera quedaría el delito de blanqueo de capitales.
El punto central de un conflicto que se ha prolongado durante los últimos 10 años está en el supuesto desvío de 200 millones de euros desde las cuentas de la compañía a sociedades controladas por los acusados. Estos defendían que ese dinero acabó en esas sociedades para facilitar la venta de acciones al fondo soberano libio, que entonces se interesó por adquirir el 30% de la compañía, algo que finalmente no hizo. La defensa de los Salazar, liderada por José Antonio Choclán, esgrimía un informe de la Agencia Tributaria en el que se rechazaría delito fiscal o desvío de fondos; y otro de KPMG que negaría cualquier irregularidad en la compra venta de acciones; y un acta del consejo de administración donde se expuso la operativa y se aprobó.
Las acciones de Deoleo alcanzan una caída del 12% después de conocerse el acuerdo.
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