Pedro Sánchez señala a la distribución en la crisis agraria y ésta dice que no aceptará subidas de precios
El sector defiende que solo absorbe el 8% de la producción total de agricultores y ganaderos
Las protestas que ganaderos y agricultores han iniciado por toda España por los bajos precios que perciben en origen por sus productos, y que ha sumido al sector en una grave crisis, ha salpicado de lleno a las principales compañías de distribución alimentaria del país. Lo que en un primer momento fue un conflicto entre el campo y Gobierno se ha trasladado también el ámbito privado, poniendo en el foco el papel que las principales cadenas de supermercados e hipermercados pueden estar jugando en la crisis del sector agrícola.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló de forma directa a estas compañías y a su política de precios con los proveedores de productos frescos, rompiendo en parte el tono conciliador con el que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abordado la crisis.
Desde Bruselas, donde se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Sánchez afirmó que “es evidente” que las grandes distribuidoras “tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo están viendo desgraciadamente cómo los precios bajan y bajan”, según declaraciones recogidas por Europa Press. El jefe del Ejecutivo añadió que esta situación “es inaceptable”, y pidió al propio Charles Michel garantizar a España las partidas de los fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2017.
Por la mañana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, había asegurado que hay que poner “un cierto freno al abuso que sufren los precios agrícolas y abordar muchos otros componentes que afectan a la renta agraria”, aunque sin señalar de forma directa al sector de la distribución organizada.
Desde esta rechazan ser el chivo expiatorio de la crisis abierta en el campo. “Hay una situación grave en el campo que comprendemos, y estamos dispuestos a ayudar para que se solucione. No somos el problema de esta crisis pero podemos ser parte de su solución”, afirmó ayer a este periódico Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la asociación que aglutina a cerca del 70% de la superficie comercial de la distribución alimentaria en España, con empresas como Mercadona o Dia.
Competitividad
Para García Magarzo la propia competitividad del sector, que opera con bajos márgenes y cuyos precios están cinco puntos por debajo de la media europea, “garantiza que no hay eslabones de la cadena que engordan artificialmente los márgenes porque no podrían competir en precio”. “Entendemos que la solución fácil es pedir ayuda a la distribución, y nosotros estamos dispuestos a ayudar para mejorar la regulación, pero con una premisa: nadie nos puede pedir que subamos artificialmente los precios porque eso seria hacer pagar al consumidor la ineficiencia del sistema”, señaló el director general de Asedas.
Desde el sector atribuyen la crisis del campo a factores ajenos a su actividad: desde factores climatológicos a las políticas agracias de la Unión Europea, pasando por los aranceles impuestos por EE UU.
Defienden que de los cerca de 18.000 millones de euros de producción agraria de 2019, la distribución organizada absorbe un 8%. Aurelio del Pino, presidente de la asociación de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), que representa a Lidl, Carrefour, Auchan o Supercor (El Corte Inglés), advirtió ayer sobre la “desinformación” acerca de la fijación de los precios “y que afecta negativamente a la percepción de la actividad de las cadenas de distribución”, señaló a Europa Press.
Este precisó que las empresas de distribución “no compran directamente al agricultor individual, sino a cooperativas o sociedades agrarias de transformación (SAT), o a industrias que ofrecen el producto ya transformado, tal como se presenta en las tiendas a las que se paga, como es lógico, precios sensiblemente superiores a los fijados en las alhóndigas u otros esquemas de comercialización en origen”.
Precisamente el papel de las cooperativas está entre las medidas que propone el sector para aliviar la situación de los productores. Desde Asedas se apuesta por impulsar la integración cooperativa a través de la ley aprobada en 2013. “Hacerlas más grandes para que, por su volumen,tengan más capacidad de negociación y poner un precio adecuado que compense los precios de producción y la retribución”, considera García Magarzo.
Otra, acelerar la transposición de la directiva europea contra las prácticas comerciales desleales, que incorpora medidas añadidas para la protección de los productores. Una intención que ya anticipó hace unos días el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que consideró que será un “instrumento muy poderoso de cara a la mejora y posición de los agricultores”.
La transposición de esta directiva afectará de manera directa a la norma que regula las relaciones entre distribución y productores desde 2014, la Ley de la Cadena Alimentaria, a la que se añadió un código de buenas prácticas para la contratación de los productos de alimentación. La normativa española deberá modificarse para incluir las nuevas medidas procedentes de Bruselas, lo que implicará en sí mismo una reforma de la ley. La persecución de la venta a pérdidas es una de las prioridades que ha fijado Planas en sus reuniones con los representantes de los productores.
Centenares de estos se manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio de Agricultura reclamando, además de precios justos por sus productos, bonificaciones a la Seguridad Social para hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Planas inicia con el consejero delegado de Carrefour la ronda de contactos con el sector
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibió ayer a la plana mayor directiva de Carrefour en España, entre ellos su consejero delegado, Rami Baitiéh.
Es la primera reunión que Planas tiene con representantes del sector de la distribución tras estallar las protestas del campo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado, Planas anticipó que iniciaría esta misma semana “un diálogo con las grandes empresas de distribución” para que “contribuyan a que el sector agrícola y ganadero perciba por sus productos unos precios acordes con el valor de su trabajo”, independientemente de la mesa de diálogo que ha constituido con las principales organizaciones agrarias.
El ministerio no detalló el contenido de la reunión. En un comunicado posterior, explicó que Planas “considera necesario establecer una visión y una responsabilidad colectiva de que los agricultores y ganaderos merecen, de toda la sociedad, apoyo y reconocimiento”. Por ello insistió en el mensaje de establecer un diálogo “con todas las partes (...) ya que la solución no está en un solo eslabón, sino en el conjunto de la cadena, desde los productores hasta los consumidores”.
Según pudo saber este periódico, la reunión se alargó durante algo más de hora y media y se desarrolló en un ambiente de cordialidad entre las partes. En ella se trataron tanto temas relativos a la situación actual del campo como del conjunto del sector de la distribución, además de por la propia evolución de Carrefour en España.
Por el momento, esta es la primera y única reunión programada por Planas con empresas o representantes de la distribución organizada, aunque fuentes del mismo no descartan ser convocadas en próximas fechas.
Por lo pronto, el ministro de Agricultura continuará hoy con su serie de reuniones con uno de los sectores más castigados en el último año por la caída de los precios, el aceitero, con representantes del aceite de oliva y la aceituna de mesa. El sector olivarero sufrió en 2019 bajadas de los precios en origen por encima del 40% con respecto a las campañas anteriores, coincidiendo con unos niveles de producción récord para el sector. A la bajada de precios se sumaron también los aranceles impuestos por el Gobierno de EE UU tanto a aceites como a aceitunas, a los que ha impuesto gravámenes del 25% a su importación, algo que la Administración Trump no ha hecho con otros países competidores de España como Italia, Grecia o Portugal, y que deja al aceite nacional prácticamente fuera de ese mercado. Allí se vendieron 424 millones de euros de aceite de oliva en 2018, mientras que las aceitunas lo hicieron por valor de 150 millones.
Newsletters
Sobre la firma
