Trabajo legislará si no hay acuerdo con los agentes sociales antes del verano
El Gobierno apuesta por reuniones semanales para llegar a un pacto cuanto antes en materia de negociación colectiva y subcontratación
Los técnicos del Ministerio de Trabajo, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT arrancaron el viernes pasado las reuniones para negociar una contrarreforma laboral que rectifique lo que el Gobierno denomina “los aspectos más lesivos” de los cambios que aprobó el Ejecutivo del PP en 2012.
Se refieren con ello a tres asuntos fundamentalmente: a la recuperación de la denominada ultraactividad de los convenios colectivos, que permiten que sean prorrogados automáticamente hasta que las partes no firmen uno nuevo; la vuelta a la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa; y una regulación más restrictiva de la subcontratación que limite esta práctica a solo las actividades que no tengan que ver con el negocio principal de la compañía que subcontrata.
Los máximos responsables de esta negociación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de este área, Joaquín Pérez Rey –que tomó ayer posesión de su cargo– reiteraron ayer públicamente que apuestan “por unas relaciones laborales en las que el diálogo social lo presida todo”, en palabras del número dos del Ministerio. Para ello, las tres partes mantendrán encuentros semanales.
Si bien, igual de claro que esta apuesta por la negociación, el equipo de Trabajo aborda el diálogo con una idea en el horizonte: la de legislar unilateralmente si no fuera posible el pacto con la patronal y los sindicatos. La propia Díaz se ratificó en esta intención el pasado viernes durante una entrevista radiofónica donde aseguró que la derogación de la reforma laboral se produciría incluso sin el respaldo de los agentes sociales.
Y, junto a esta determinación, los responsables de Trabajo resaltaron ayer la urgencia de llegar a este acuerdo. Si en un primer momento se habló de dar seis meses a lo que denominaron “primera fase de derogación de la reforma laboral”, ahora fuentes negociadoras han informado de que ese plazo podría incluso acortarse, ya que el Ejecutivo quiere tener listo el acuerdo lo más rápido posible, antes del verano.
Así, en su primera intervención tras tomar posesión como secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey insistió en esta celeridad “entre nuestras virtudes no está hacer las cosas lentas, sino que las hacemos de una manera fulgurante”, advirtió.
Por su parte, la ministra de Trabajo reiteraba ayer mismo que su compromiso de derogar la reforma laboral, “que ha hecho peor el día a día de mucha gente, y cambiar las condiciones de trabajo, es firme”. Y añadió que, prueba de ello, es que ya se haya aprobado el alza del salario mínimo a 950 euros y que próximamente se va a derogar, sin diálogo social, el conocido como despido por absentismo, que permite que una causa de despido objetivo sea la acumulación de bajas médicas justificadas. “Esto que nadie lo dude, porque con ello estamos cumpliendo con nuestro programa político y con la Constitución”, ha incidido Díaz.
Acto seguido, la ministra dijo también: “En este Ministerio no queremos que los macroíndices económicos sean nuestra exclusiva hoja de ruta, queremos que la recuperación se celebre en las familias”.
Esta advertencia de Díaz se produce en un contexto en el que, desde distintos frentes, se ha reprochado a los ministros de Unidas Podemos que pudieran tener la tentación de apartarse de la ortodoxia económica, que tiene en la vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y en el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sus máximos exponentes.
En la misma línea, el nuevo secretario de Estado de Empleo explicó ayer que hará lo posible para que “el trabajo, tantas veces olvidado, vuelva al centro del debate social, en lugar de ser solo un indicador macroeconómico”. Es más, este profesor universitario de Derecho Laboral insistió en que el Gobierno debe de “poner freno a la precariedad, y devolver el equilibrio a la negociación colectiva y la democracia en las empresas”. Este último mensaje a las compañías lo mencionó hasta en dos ocasiones.
Dicho todo esto, el Gobierno planea iniciar una segunda fase de derogación de la reforma laboral de 2012 en la que se abordarán, entre otras cosas, la regulación de la contratación y el despido.
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