La deuda eléctrica bajó un 12% el año pasado, hasta 16.602 millones

Existe también un superávit de 1.038 millones metido en un cajón

Red eléctrica.

A 31 de diciembre de 2019 el déficit del sistema eléctrico se situó en 16.602 millones de euros, casi un 12% menos que en 2018, según los datos de la CNMC. El déficit tarifario, que comenzó a generarse en 2000, llegó a rondar los 29.000 millones. La amortización de esta deuda, que pagan los consumidores en su factura, los peajes eléctricos, superó los 2.600 millones el año pasado.

La CNMC recuerda que, no obstante, en 2014 el sistema registró por primera vez un superávit de 550,3 millones. También hubo excedentes en 2015, 2016, 2017 y 2018, aunque en menor cuantía, hasta un total de 1.687,5 millones en 2018.

Aunque la normativa establece que el superávit solo puede destinarse a amortizar deuda, distintas leyes de Presupuestos hicieron excepciones. Así, de esa cifra se han utilizado 649,8 millones para compensar a las grandes eléctricas el bono social de la tarifa, según sentencias del Tribunal Supremo que anularon la obligación de las empresas de pagarlo, y a otras partidas para el IDAE o el fomento de renovables en los territorios extrapeninsulares. El saldo actual es de 1.038 millones más los intereses.

En la actualidad existen cuatro categorías de derechos de cobro de la deuda eléctrica: el de 2005; los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit exante; los derechos de cobro del déficit de 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), que representa el 82,8% de la deuda pendiente. El coste medio ponderado de la deuda en 2020 es del 2,395% (16,7 puntos básicos menos que el año anterior). El déficit pendiente de 2005 (291,4 millones) quedará definitivamente liquidado este año.

Por otro lado, la CNMC hay informado hoy que ha remitido al Consejo de Estado la circular sobre metodología de peajes del gas natural, que pagan los consumidores y comercializadoras por el uso de las redes. Al recoger la prohibición comunitaria de que haya subvenciones cruzadas (que unos consumidores subvencionen a otros), la propuesta inicial beneficiaba a los pequeños usuarios frente a las pymes, que experimentarán una notable subida. Unos incrementos que se palían en el texto remitido ahora al Consejo de Estado, que recoge las observaciones formuladas por el Ministerio de Transición Ecológica y los agentes durante el procedimiento de audiencia pública.

En el peaje de transporte se introduce un descuento del 13,9% en la entrada a la red de transporte desde las plantas de regasificación (menos que el planteado inicialmente). En el peaje de la distribución se contempla como inductor de coste el número de suministros y se eleva hasta 5.000 kWh/año el primer escalón de consumo del peaje.

Por otra parte, se declaran exentas de peaje las redes locales a la inyección de gases renovables; se mantiene un esquema similar al establecido en la normativa vigente para la facturación por capacidad demandada y se suprime la refacturación para clientes domésticos, en caso de que sea ubicado en un peaje distinto al aplicado y se aclara que la facturación por término fijo se aplica solo a los consumidores sin equipos de medida.

Las más polémicas

Además de la circular de metodología de peajes del gas, que la CNMC ha remitido al Consejo de Estado, al organismo supervisor solo le quedan en la mesa las dos normas más polémicas, de las 14 que comenzó a tramitar el pasado verano. Se trata de la relativa a la retribución de las redes de distribución de gas y la de acceso y conexión a las redes eléctricas.

La primera (la única que la CNMC tuvo que repetir con una nueva propuesta volviendo a la casilla de inicio) será analizada en el pleno de esta semana. La de conexiones, la que más claramente ha invadido las competencias de Transición Ecológica, es probable que no se apruebe hasta que se produzca el relevo en marcha de la mitad del consejo.