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El juez imputa a Currás como cerebro del fraude contable en Dia y apunta a Coto por Brasil

Le acusa de administración desleal y falsedad contable, junto a cuatro exdirectivos

Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia.
Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia.

"El consejero delegado de Dia, el investigado Ricardo Currás, ideó un plan (...) para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el ebitda, lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos”. El juez Alejandro Abascal, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, expone así parte de los argumentos para citar a declarar en calidad de investigado (antes imputado) al ex consejero delegado de Dia Ricardo Currás, por administración desleal y falsedad contable en los estados financieros de la empresa de 2017, cuya revisión desató en 2018 el desplome bursátil y la crisis de la compañía.

Lo hace a raíz de una denuncia de la Plataforma de Afectados de Dia, impulsada por el bufete Gaesco. En un duro auto no solo describe las supuestas prácticas contables irregulares detectadas en Dia para engordar sus resultados, sino también el papel activo que Currás habría desempeñado en su planificación y ejecución. Una vez finalizada la investigación el juez concluye que, de los casi 70 millones de ajustes que se aplicaron al ebitda de 2017, 51,8 “tienen su origen en prácticas contables irregulares ideadas por Ricardo Currás”.

El documento, al que pudo acceder CincoDías, expone hasta cinco de esas prácticas. La primera, una sobredimensión de ingresos procedentes de la negociación con proveedores a través de la sociedad radicada en suiza Dia World Trade. Según el relato del juez, en principio se presupuestaron 22 millones para Dia España, pero “por indicación directa” de Currás se elevaron hasta 38. Además, para poder alcanzarlos, ordenó una provisión de ingresos por la diferencia que restaba.

Las irregularidades llegaban también a Red Libra, la alianza que Dia y Eroski crearon para negociar con proveedores de marca propia. Según el auto, Currás dio órdenes para elevar los ingresos por cargos a estos, elevando así la facturación de 2017 y traspasando los costes de las compras al ejercicio siguiente. El desfase entre lo declarado como ingresado y lo provisionado como coste era tal que esta práctica fue detectada por KPMG, tras lo cual Currás ordenó pedir a ocho proveedores elevasen un 15% el coste declarado para cuadrar los números. Cinco aceptaron. Como resultado, la empresa se apuntó 21,7 millones de ingresos. Dia y Eroski rompieron la alianza en abril de 2018. La primera le reclama 40 millones a la segunda, y esta 60 millones a Dia.

Otra, dice el juez, fue la anulación de provisiones por facturas pendientes de recibir de los proveedores. Estas conllevaban un gasto e implicaban la reducción del beneficio. Esa orden, que el auto también atribuye a Currás, no obedecía a más criterio que “cuadrar las cuentas con los resultados que se esperaban”.

Imputados

La misma lógica siguió para ordenar que no se provisionaran los bonus fijados para los directivos, con lo que el coste de las mismas se cargaba a 2018, en el momento de pagarse. Y por último, ordenó al director financiero Antonio Arranz retrasar la contabilización y el pago de las facturas a proveedores capex. Estas, que sumaban un gasto de 53,2 millones, se pasaron al ejercicio 2018.

El juez también imputa al propio Arranz y a otros tres antiguos directivos. Entre ellos Amando Sánchez Falcón, antiguo director corporativo; Luis Martínez Gallardo, antiguo director comercial, y Juan Cubillo, ex director ejecutivo de compras del grupo a nivel global. En el auto no detalla las actuaciones de estos o su grado de responsabilidad. También incluye a Carlos Peregrina como auditor de las cuentas en nombre de KPMG. Por otro lado, cita como peritos a los responsables del informe forense que realizó EY y adelantó CincoDías en febrero; y como testigos al exresponsable jurídico, Miguel Ángel Iglesias Peinado, y Susana Pagés.

El que no está entre los imputados es Antonio Coto, ex consejero delegado después de Currás y antiguo responsable de la filial brasileña. Sin embargo, el auto relata las prácticas fraudulentas en aquella unidad de negocio también para engordar el ebitda tras detectar en 2017 que las expectativas de negocio “no se fueron alcanzando”, dice el juez, “recibiendo fuertes presiones por parte de la dirección financiera de España para que se mejorasen tales resultados”. Por ello se hicieron cargos ficticios a proveedores o no se contabilizaron facturas indirectas, entre otras. El juez señala como responsable al antiguo director general en Brasil, Freddy Wu, pero contó “con el conocimiento y la aquiescencia del también investigado Antonio Coto”. Este fue cesado a finales de 2018 tras los ajustes derivados de dichas prácticas.

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