Una laboralista comunista para recuperar derechos de los trabajadores
Tiene el encargo de Iglesias de desmontar la reforma laboral del PP, se encontrará en frente a los empresarios y como dique de contención al ala más ortodoxa del Gobierno
Antes incluso de que el Gobierno de coalición fuera una realidad, en la mente de Pablo Iglesias el Ministerio de Trabajo ya tenía nombre y apellido y ese era Yolanda Díaz. En la investidura fallida de Pedro Sánchez, Iglesias ya reivindicó para Unidas Podemos la gestión de las políticas activas de empleo para que las gestionara Yolanda Díaz, una de sus más estrechas colaboradoras desde que ella le contratara como asesor para crear Alternativa Galega, embrión de las mareas en Galicia.
La nueva responsable de Trabajo nació en Fene, A Coruña en 1971 y es muy conocida en la política gallega, donde se llegó a presentar como la única mujer candidata a presidir la comunidad. Es activista de izquierdas desde la cuna –su padre, Suso Díaz, es el histórico secretario general de CC OO en Galicia–.
Su infancia y juventud estuvieron fuertemente marcadas por la militancia comunista y sindicalista de sus padres. Eso y el hecho de que se criara en San Valentín, una cooperativa obrera de trabajadores del astillero de Navantia, marcaron su futuro profesional. Tras licenciarse en derecho montó su propio despacho especializado en laboral, desde donde empezó a defender los intereses de los trabajadores.
Pero su militancia en el Partido Comunista primero, y en Esquerda Unida, después, entre 2005 y 2016, la llevaron a ejercer distintos cargos en el ayuntamiento de Ferrol y en el parlamento Gallego, donde entró como diputada en 2012, cuando cerró su despacho laboralista.
En el año y medio del último Gobierno socialista, Díaz ha sido una de las voces más combativas en materia laboral en el Congreso de los Diputados, a donde llegó en 2016 de la mano de En Marea. Pero en estos últimos tiempos, cuando más se significó públicamente fue con su defensa de la revalorización de las pensiones con el IPC por ley. De hecho, la futura ministra de Trabajo fue una de las principales artífices de la decisión de Unidas Podemos de dar al traste con la firma de un acuerdo en el Pacto de Toledo para reformar la Seguridad Social.
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