El Parlamento Europeo retira a Junqueras la condición de eurodiputado
Acata así la decisión del Tribunal Supremo
El Parlamento Europeo ha retirado finalmente el derecho del eurodiputado al líder de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras a ser eurodiputado después de que el Tribunal Supremo le comunicara que la consecuencia de su condena en firme por el 'procés' independentista es que queda
inhabilitado para asumir ese cargo, ha anunciado el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.
Los servicios de la Eurocámara recibieron la carta firmada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pasadas las 14.00 horas de este jueves. Finalmente, la institución comunitaria ha determinado que Junqueras dejó de ser eurodiputado desde el pasado 3 de enero.
En paralelo, el juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Eurocámara que suspenda la inmunidad como eurodiputados del expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín, que no podrán ser detenidos hasta entonces a no ser que regresen a España, donde sus órdenes de detención siguen operativas.
Llarena ha decidido este viernes mantener las euroórdenes, pero éstas quedan de facto congeladas hasta que el Parlamento Europeo no conceda el suplicatorio, lo que implica que ambos podrán acudir el lunes al pleno que la Cámara celebra en Estrasburgo, indican fuentes jurídicas.
Prometió acompañarles el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien también ha recibido este viernes noticias del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso ha acordado mantener vigente la resolución de la Junta Electoral Central que lo inhabilitó como diputado autonómico porque entiende que no hay razones de especial urgencia para estimar las medidas cautelarísimas presentadas por Torra.
El presidente de la Generalitat ha pedido a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que no ejecute todavía la decisión y el del Parlament, Roger Torrent, ha insistido en que el árbitro electoral no es un órgano competente para retirar a nadie el acta de diputado autonómico, por lo que sigue reconociendo a Torra como tal.
La decisión de los jueces de lo contencioso del Supremo ha llegado poco antes de que Llarena, instructor de la causa del "procés", se haya pronunciado en dos autos sobre la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras al caso de Puigdemont y Comín, fugados desde 2018 y recién reconocidos eurodiputados por la Eurocámara.
El magistrado reconoce su inmunidad, que les protege frente a "toda medida de detención" y "actuación judicial fuera de España", pero advierte que su situación es distinta en territorio nacional, donde no tienen esa garantía y sus órdenes de arresto e ingreso en prisión siguen teniendo "viabilidad".
Es decir, según lo acordado por el magistrado, si entran en el país podrían ser detenidos sin necesidad de suplicatorio, porque en España la autorización de la Eurocámara no es obligatoria cuando se ha accedido al cargo después de ser procesado -como es su caso-, según la interpretación que ha hecho ya el Supremo de la Constitución y los reglamentos del Congreso y el Senado.
La inmunidad, subraya Llarena, no está concebida para "impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado".
Fuera de España, la inmunidad de Puigdemont y Comín sí está en manos del Parlamento Europeo. A la espera de su respuesta, el magistrado ha pedido al juez belga encargado de las euroórdenes que paralice su tramitación.
Con la nueva doctrina del TJUE, el expresident y el exconseller salen por el momento más beneficiados de esta batalla judicial que Oriol Junqueras, a quien ayer el Supremo negó la inmunidad por estar condenado en firme a pena de prisión y que ha visto como este viernes el Parlamento Europeo le dejaba de reconocer como eurodiputado.
Al pedir el suplicatorio de Puigdemont y Comín, Llarena recuerda al Parlamento Europeo -a quien remite el auto de procesamiento de ambos y la sentencia del "procés"- que los hechos que se les imputan podrían constituir sendos delitos de sedición y malversación por "su actuación en años muy anteriores a la adquisición de su condición de diputados".
La causa judicial por la que les reclama, destaca, "no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo" porque los hechos que se les imputan no tienen que ver con la condición de parlamentario.
Prueba de ello también, según Llarena, es que sus presuntos delitos no habrían prescrito al concluir la legislatura de la Eurocámara.
Alerta además el juez de que la inmunidad podría ser instrumentalizada por Puigdemont y Comín para eludir eventuales responsabilidades penales, y alude a la situación de Junqueras, que no se fugó, fue también elegido eurodiputado y no ha podido ejercer sus funciones en base al ordenamiento jurídico español.
Llarena, que hace un extenso recorrido por el proceso soberanista catalán de 2017, apela al "principio de cooperación leal" entre los Estados miembros.
Además de pronunciarse sobre la situación procesal de los fugados, Llarena también ha rechazado de plano apartarse de la causa que instruye, como pedían Puigdemont y Comín.