El choque entre Fomento y Abertis deja en suspenso el mantenimiento de la AP-7 y AP-4

La concesionaria y los sindicatos impugnan la licitación por desconocer cuántos empleados serán subrogados

Cabina de cobro del peaje en la autopista AP-7.
Cabina de cobro del peaje en la autopista AP-7.

El Ministerio de Fomento vuelve a tropezar con la misma piedra. El inminente vencimiento del plazo de explotación de las autopistas AP-7 (tramo Tarragona-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz), ambas reunidas bajo el paraguas de la concesionaria Aumar, llega sin que esté resuelto el tránsito hacia los nuevos contratos de mantenimiento y conservación, según fuentes cercanas a la concesionaria.

Con fecha de reversión fijada para el próximo día 31, esta circunstancia recuerda a la que se produjo en octubre del año pasado en la autopista AP-1 (84 kilómetros entre Burgos y Armiñón), cuyo mantenimiento fue retenido por Itínere una vez que la licitación del nuevo contrato quedó bloqueada en la Intervención General del Estado (IGAE) junto a una batería de licitaciones.

Se trata de los primeros retornos a manos del Estado una vez que el actual Ejecutivo decidió no prorrogar las concesiones a Itínere (AP-1) y Abertis (Aumar) a su fecha de vencimiento. El hecho es que la propia Abertis y los sindicatos han impugnado los concursos de conservación y mantenimiento que Fomento había troceado para la AP-7 y AP-4. La queja de la compañía reside en la falta de información sobre el volumen de personal que iba a ser subrogado por el nuevo contratista.

Un modelo pendiente del debate político

Vencimiento de un tercio de los kilómetros de autopista. De los 3.307 kilómetros de autopista con peaje que había en España a finales de 2018, 1.097 kilómetros iban a vencer antes del cierre de 2021. El Gobierno decidió abrirlas al tráfico gratuito y que sea el Estado quien sufrague la conservación. Además de la AP-1 y de las dos autopistas de Aumar, concluye en agosto de 2021 la concesión de Acesa (479 kilómetros de la AP-7 y AP2). Una última concesionaria, Invicat (66 kilómetros de la C-32 Montgat-Blanes y C-33 Barcelona-Montmeló) revertirá a la Generalitat de Cataluña en 2021. El PSOE registró una subcomisión en el Congreso para abordar la financiación de las vías de alta capacidad, en la que se iba a abordar el pago por uso en las autovías.

En ese contexto, el grupo de autopistas ha pactado un ERE en Aumar que afecta a 136 empleados. Una cifra que se queda corta en una decena de personas a la vista de los efectivos que seguirán vinculados finalmente a las labores de cuidado de ambas carreteras cuando sean liberadas de los peajes.

El paso dado por Abertis congela el proceso de contratación, que no iba a concluir en todo caso antes de febrero, y deja en manos de Fomento la patata caliente de buscar una solución de emergencia a 20 días de levantar barreras en dos de los peajes históricos de Cataluña y Andalucía.

Las tres opciones al alcance del Ministerio de José Luis Ábalos son la prórroga a la propia Abertis, lo que se realizaría a través de un trámite de emergencia previsto en la Ley de Contratos para situaciones sobrevenidas; la encomienda de gestión a una empresa pública, o que la propia Seittsa, de la que colgarán las dos nuevas autopistas, junto a la citada AP-1 y las concesionarias rescatadas, se haga cargo de los trabajos.

El desafío no es liviano. Aumar ha venido soportando una factura anual de 145 millones anuales por la conservación y mantenimiento de la AP-7 y AP-4. un coste que será sufragado por los presupuestos de Fomento a partir del 1 de enero, una vez que esas carreteras queden liberadas del pago por uso.

Aumar ha venido soportando una factura anual de 145 millones anuales por la conservación y mantenimiento de la AP-7 y AP-4

Los contratos de conservación incluyen desde el mantenimiento de los elementos de la carretera hasta la vigilancia, comunicaciones, atención a accidentes, alumbrado, señalización, etcétera.

Fomento ya resolvió el año pasado el bloqueo a la adjudicación de la conservación de la AP-1 prorrogando, con carácter de urgencia, la presencia de Itínere en esa vía ya gratuita. Tras esta actuación transitoria, el contrato definitivo fue a manos de Ferrovial el pasado mes de septiembre por un periodo de dos años. El presupuesto de licitación fue de 27 millones, adjudicándose en poco más de 21 millones de euros.

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