Iberdrola pide al fiscal investigar un documento que implicaría a Galán en el caso Villarejo
La empresa ha subrayado que ha búscado dichos papeles y que "ha sido totalmente imposible localizarlos"
La compañía energética Iberdrola ha informado de que, el pasado 5 de diciembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao con objeto de que se investigue una publicación de 'El Confidencial' en la que se cita un "supuesto documento interno" que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas.
La empresa ha subrayado que ha realizado una búsqueda de dicho documento y que "ha sido totalmente imposible localizarlo". Asimismo, Iberdrola también afirma que ha preguntado a los anteriores y actuales responsable de Administración, Control y Regulación, que "de existir el supuesto documento, deberían haber sido los receptores del mismo".
El Confidencial publicó el pasado dos de diciembre que "según un acta fechada el 1 de diciembre de 2004", la Dirección de Control de Funciones Corporativas abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa”.
En ese documento en cuestión y siempre según la publicación citada, se describe la llamada ‘operación Arrow’ para eliminar la oposición municipal para la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) por 900 millones de euros. Se trataba de un trabajo de vigilancia que habría sido ordenado directamente por Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, y que sería conocido por varios altos directivos, como Francisco Martínez Córcoles, el actual número dos de la energética.
Los papeles que Iberdrola pide que se investigue su autenticidad, describen, de acuerdo con la información difundida por El Confidencial, unos hechos que comienzan el el 27 de mayo, cuando Antonio Asenjo, director del área de Seguridad, pide hablar “urgentemente con la Dirección de Control de Funciones Corporativas para arreglar un asunto que no puede solucionar".
En la reunión que mantienen, Asenjo asegura, presuntamente que “Iberdrola [Ignacio S. Galán] le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con la unidad de Generación”, división de la que dependía el proyecto de Arcos de la Frontera, que la compañía intentó poner en marcha desde 2000.
La central había sido paralizada por el Gobierno local y el Ejecutivo andaluz, ambos del PSOE, así como por numerosas organizaciones ecologistas agrupadas en torno a la plataforma No a las Térmicas. Todos denunciaban los efectos nocivos de sus gases en la población y su emplazamiento entre dos zonas protegidas de esta localidad gaditana.
De acuerdo con la compañía, tanto José Luis San Pedro, anterior responsable, como Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, actuales responsables, han asegurado que "no se reconoce ni la emisión ni la recepción del mismo", así como que el documento "no se ha localizado en ninguno de los archivos oficiales de Iberdrola.
Los responsables también defienden que el pago de las facturas a las que se alude "no evidencia ninguna irregularidad en la relación a Castellana de Seguridad (Casesa)".
Iberdrola ha argumentado en su escrito que los fundadores de Casesa y propietarios de la sociedad hasta 2010 han emitido un comunicado oficial en el que "niegan rotundamente" relaciones comerciales o cualquier tipo de pagos a Cenyt o cualquier sociedad relacionada con José Manuel Villarejo.
La energética ha confirmado que ha localizado las facturas emitidas por Casesa, que se encuentran en los registros contables de Iberdrola y presentan las firmas "exigidas por la normativa de control interno", por lo que considera que dichas facturas "corresponden a servicios realmente prestados".
De esta forma, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán ha indicado que ha enviado un requerimiento al firmante del "supuesto documento", José Antonio del Olmo, para que se pronuncie sobre la veracidad del mismo y comunique si dispone de "cualquier información relacionada con Iberdrola de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo".
Así, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos pueden presentar indicios de delito y que se identifique a las personas responsables de los mismos.