Las renovables que renuncien a los arbitrajes recibirán mejor rentabilidad
El Gobierno mantiene 12 años la tasa del 7,39% para las plantas anteriores a 2013 que renuncien a litigios y del 7,09% para el resto
Para satisfacción de las empresas del sector, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para adaptar los parámetros retributivos de las plantas de renovables. Concretamente, como adelantó el jueves CincoDías, la norma establece la metodología de cálculo de la retribución de las instalaciones para el próximo periodo regulatorios de seis años que comienza el 1 de enero.
De dicha fórmula se desprende una rentabilidad del 7,09%, si bien, el Gobierno ofrece una segunda opción para las que entraron en funcionamiento antes de 2013 y sufrieron un fuerte recorte de ingresos incluido en la reforma eléctrica del Gobierno del PP: mantener la tasa de rentabilidad actual, del 7,39%, durante dos periodos regulatorios (hasta 2031) siempre que renuncien a los procesos judiciales o litigios en curso contra dichos recortes o a las compensaciones que puedan recibir. Por defecto, el Gobierno aplicará esta tasa a las plantas anteriores a 2013 siempre que no mantengan arbitrajes o no quieran acogerse a esta alternativa.
Teniendo en cuenta que solo los inversores extranjeros tienen derecho a instar arbitrajes esta medida podría anticipar conflictos en las empresas de renovables donde conviven inversores internacionales y españoles con disparidad de intereses. Los primeros pueden reclamar una indemnización en tribunales arbitrales y, por tanto, no les compensa una mejor tasa de rentabilidad, cuya diferencia es pequeña, y el nacional al que le viene mejor la opción mejorada.
Fuentes del sector quitan importancia a esta cuestión pues, aseguran, los inversores foráneos que en general han instado arbitrajes están en mayoría en su sociedad, por lo que el minoritario de uno u otro signo, no tiene poder de decisión. Las mismas fuentes consideran “muy improbable” que una diferencia tan pequeña en la rentabilidad lleve a los demandantes a retirar sus arbitrajes. No obstante, reconocen que la opción de la tasa del 7,09% encierra una mayor inseguridad, pues se revisará en seis años y no en los 12 años reservados para la alternativa del 7,39%.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que este real decreto ley “encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético” e introduce “predictibilidad, seguridad” y permitirá “recuperar la confianza de los inversores que se sintieron traicionados en 2013”, en alusión a la reforma del Partido Popular que supuso fuertes recortes de los ingresos de las renovables y afectó a 64.000 plantas.
Ribera repasó la situación de los arbitrajes que, por este motivo, sufre España: en total, 45 procesos judiciales de inversores que reclaman 10.000 millones de euros, de los cuales se han resuelto 10, que pedían 1.700 millones, y los árbitros les han reconocido 821 millones. La ministra confía en que la alternativa legal aprobada el viernes sirva para paliar la litigiosidad o la renuncia al cobro por parte de los inversores. En este sentido, recordó que los árbitros en sus laudos argumentan la falta de compensación a los inversores y la ausencia de un periodo transitorio para aplicar el recorte.
Ribera consideró imprescindible la aprobación urgente de la nueva fórmula de retribución antes del 1 de enero, ya que “existen enormes dudas” en el caso de que no sea aprobada y podría “abocar en una rebaja de la rentabilidad” (al 4,5%) y, de nuevo, en una inseguridad jurídica. La ministra recordó que este RLD es fruto de la urgencia y tiene como antecedente el anteproyecto de ley que comenzó a tramitarse hace un año y al que las empresas pudieron alegar, y que decayó tras la convocatoria de elecciones de abril.
Respecto a la opción de mantener la actual rentabilidad en el 7,39%, la considera una “medida paliativa importante, que fue respaldada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular”, subrayó Ribera. La norma, que se publicará hoy en el BOE, aunque es de aplicación desde el 1 de enero, deberá ser convalidada por el nuevo Parlamento que se constituirá el 3 de diciembre. El Gobierno en funciones tenía previsto aprobarlo antes de las segundas elecciones, celebradas el 10 de noviembre, si bien, tuvo que posponerlo por las críticas de los grupos políticos que lo consideraban una medida electoralista.
El RDL incluye, asimismo, una medida especial dentro de la regla general: la de utilizar el criterio social a la hora de adjudicar los puntos de conexión que quedarán libre en los emplazamientos de las ocho centrales de carbón que se clausurarán a partir del próximo año, así como la concesión del agua. Se trata de una medida transición justa, que beneficiará a los proyectos que generen empleo en las zonas afectadas por dichos cierres.
Por contra, del texto legal se ha caído finalmente, el nuevo mecanismo de subastas y las medidas previstas contra una posible burbuja de renovables ordenando el acceso a las redes.
Las pequeñas fotovoltaicas lo celebran
Las principales asociaciones fotovoltaicas, UNEF, APPA y Anpier, han enviado sendos comunicados en los que aplauden la decisión del Gobierno de mantener la actual rentabilidad de las plantas a partir de 2020. Menos entusiastas se han mostrado las grandes eléctricas, que no se han pronunciado públicamente.
UNEF valoró positivamente el nuevo marco retributivo, que “da respuesta a una necesidad urgente del sector, es un paso importante hacia la estabilidad y da señales positivas para el futuro para los inversores”. Algo fundamental, en su opinión, para desarrollar los más de 30 GW que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con el PNIEC. Esta asociación pidió la regulación urgente de dos asignaturas pendientes: el nuevo mecanismo de subastas y un proceso ordenado en la concesión del acceso a las redes.
Para APPA, “a escasas semanas del cambio de periodo regulatorio, el Gobierno ha dado pasos necesarios para que las Cortes puedan convalidar una ley que fija con claridad la rentabilidad de las plantas existentes y proporciona visibilidad a las nuevas instalaciones”. Por su parte, Anpier, que agrupa a los promotores más pequeños, valora y reconoce “la determinación de este Gobierno y singularmente de la ministra Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente”, destaca en su nota de prensa.
Sobre la firma