Griñán, condenado a seis años de cárcel, y Chaves, a nueve de inhabilitación

La Audiencia de Sevilla sentencia que los dos expresidentes de la Junta de Andalucía eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron

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La Audiencia Provincial de Sevilla condenó ayer a 19 de los 21 imputados en la pieza principal del llamado caso de los ERE, tras una investigación de nueve años sobre el reparto sin control de un fondo público andaluz de ayudas a empresas en crisis. El listado incluye al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, al que impone seis años de cárcel por un delito de malversación y 15 años de inhabilitación para cargo público por otro de prevaricación, y a su antecesor, el también socialista Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación por prevaricación. El fallo, que será recurrido ante el Tribunal Supremo, considera que ambos eran “plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad” de los hechos.

El tribunal da por probado que desde el año 2000 la Junta estableció un “sistema fraudulento” de concesión de subvenciones directas a empresas con problemas, a las que sufragaba el coste de sus despidos colectivos, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” de supervisión.

“La ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresas de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de renta sufragadas con fondos públicos” permitió, según los magistrados, que gente ajena a dichas compañías acabara cobrando estas ayudas públicas. El sistema repartió 680 millones en una década, de los que el 85% se destinaron a prejubilaciones.

El dictamen de la Audiencia de Sevilla está en línea con las peticiones de condena de la Fiscalía. La de Griñán es más dura que la de Chaves por su papel de consejero de Hacienda, en el que habría recibido informes de alerta que ignoró, aprobando incrementos de dotación para el fondo de los ERE.

Más allá, el fallo también condena a nueve años de inhabilitación a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda –y ex ministra de Fomento– Magdalena Álvarez, por prevaricación, ya que gestionaba los Presupuestos autonómicos que cada año eran modificados para aumentar el fondo de ayudas a los ERE; e impone 10 años de inhabilitación a Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia, por prevaricación continuada.

La sentencia, que condena a buena parte de la excúpula socialista de la Junta de la pasada década y a sus exresponsables de las áreas laboral y fiscal, absuelve al exinterventor y el exresponsable jurídico. Algunas de las penas más duras son para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, al que se considera "responsable" del “fondo de reptiles”, condenado a siete años y 11 meses de cárcel y casi 20 de inhabilitación; o para su superior, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al que se le imponen siete años de prisión y 18 de inhabilitación.

El tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña es unánime al considerar el sistema “opaco, injusto y arbitrario” en un fallo que llega 11 meses después del fin de un largo juicio. En total, 6.096 trabajadores recibieron ayudas de la partida 31-L de la Junta para empresas en crisis entre 2001 y 2010, plazo en que hubo 120.000 afectados por ERE. Casi 200 de los que cobraron ayudas se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

El fallo, que llega mientras PSOE y Podemos tratan de impulsar un Gobierno de coalición, no tardó en tener eco en la política nacional. “La sentencia no afecta ni al actual Gobierno ni a la actual dirección del PSOE”, defendió el secretario de organización socialista, y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que dijo sentir “vergüenza” por el escándalo protagonizado por sus excompañeros de partido.

A su vez, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “asuma responsabilidades”, recordándole que tras el fallo condenatorio al PP por el caso Gürtel impulsó una moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy.

Por su parte, el máximo responsable de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dijo que “España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción” del bipartidismo y que “ahora se abre la oportunidad” de limpiar las instituciones.

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