Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia: ¿la solución a un modelo organizativo totalmente superado?

El bloqueo y el estancamiento de la Justicia en España se prolongan, con las consecuencias que esto supone para la ciudadanía y la economía del país

Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia: ¿la solución a un modelo organizativo totalmente superado?

Reconozcamos la habilidad de nuestros políticos, de uno u otro signo, para pregonar las bondades de la Justicia y la necesidad de dotarla de más recursos materiales y económicos mientras asisten impasibles a su colapso, a su desfase tecnológico y, en consecuencia, a su progresivo deterioro. Se trata de un preciso equilibrio entre el halago a la Administración de Justicia —y a quienes, de forma casi heroica, son capaces de sacarla adelante— y la falta de voluntad política para alcanzar un consenso que traiga la tan ansiada transformación integral de la Justicia en nuestro país. Tiene su mérito, especialmente cuando en la última campaña electoral, de los tres debates televisivos ni un solo segundo se dedicó a abordar la necesaria reforma de la misma.

Esta incapacidad para llegar a un diálogo común —no digamos ya a un Pacto de Estado— en torno a la Justicia es la consecuencia de los distintos ángulos desde los que la política observa la actividad judicial: todos convienen en la importancia de respetarla, en el deber de acatarla pero nadie se atreve con valentía a afrontar su necesaria reforma, poniendo negro sobre blanco la escasa inversión en medios materiales y humanos que dedicamos a nuestra Justicia en comparación con otros países de nuestro entorno, sin olvidar además el alto grado de litigiosidad que nos afecta.

Así, el bloqueo y el estancamiento de la Justicia en España se prolongan, con las consecuencias que esto supone para la ciudadanía y la economía del país: una justicia tardía que provoca inseguridad jurídica, impidiendo la creación de nuevas empresas y el crecimiento económico, con unos Juzgados colapsados y que, en definitiva, solo es capaz de sostenerse por el trabajo diario —y poco reconocido— de jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales para ofrecer calidad y garantías en un sistema con evidente escasez de recursos.

Si hemos convertido en un lugar común la expresión “una justicia lenta no es justicia”, quizás deberíamos añadir que una justicia ineficaz, con una estructura organizativa anclada en el siglo XIX y, sobre todo, poco ágil para implementar soluciones tecnológicas, tampoco es justicia. Sirva un dato para ilustrarlo: según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, un procedimiento ordinario en un juzgado Mercantil tardó una media de 27,3 meses en resolverse durante el año 2018, casi el doble de lo que tardaba en sustanciarse el mismo procedimiento diez años atrás y en donde otros indicadores, como la tasa de pendencia o de congestión de nuestros Juzgados sigue empeorando en determinadas jurisdicciones.

Todo ello, teniendo en cuenta que en los últimos años se han realizado esfuerzos por dotar a la Administración de Justicia de soluciones tecnológicas que la hagan más ágil y que den respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Pero, ¿la tecnología ha ido solucionando las carencias del sistema judicial en España? Visto en perspectiva, parecen más parches temporales que respuestas a importantes problemas organizativos.

¿Podrá la tecnología solventar en el futuro las ineficiencias de la Justicia? Con la premisa de “papel cero” muy lejos de cumplirse en los juzgados, con diferentes sistemas procesales electrónicos, que desembocan en caos informáticos prácticamente a diario y con una dispersión de recursos, tanto humanos como técnicos, a través de las distintas comunidades autónomas, los avances por digitalizar y agilizar la justicia se antojan, por ahora, poco esperanzadores.

Hoy observamos con resignación cómo muchas de las recomendaciones contenidas en el Libro Blanco de la Justicia, publicado en 1997, han caído en el olvido por la falta de voluntad política para respaldarlas e implementarlas en nuestros tribunales. Ni que decir tiene que, visto el bloqueo institucional que vivimos, el Pacto de Estado para reformar la Justicia es poco menos que una quimera inalcanzable, lo que supondrá, por enésima vez, que el sistema judicial sea el servicio público más olvidado por nuestros representantes políticos.

A pesar de todo, la pregunta que encabeza este artículo parece obligada para plantear un debate tan apasionante como necesario: ¿será la digitalización de la Justicia capaz de solventar —o, al menos, de hacer menos visibles— los fallos de un sistema estructural y organizativamente anticuado?

Ignacio López Chocarro, socio director de Anzizu Lopez & Castellanos.

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