La Audiencia Nacional imputa a FCC por corrupción para ganar obras en Panamá
El juez Ismael Moreno aprecia los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones en comisiones
Palo judicial a FCC en España por no actuar con diligencia contra presuntas prácticas de corrupción, e incluso trabajar en supuesta connivencia con un grupo de sus directivos, para ganar contratos multimillonarios en Panamá.
La Audiencia Nacional ha imputado a tres empresas del grupo que controla el magnate Carlos Slim ante el reparto de hasta 82 millones de euros en comisiones para conseguir los proyectos del metro y la Ciudad de la Salud en Panamá, entre otros proyectos.
La primera línea de metro de la capital panameña (15,9 kilómetros y 14 estaciones), ejecutada entre finales de 2010 y febrero de 2014, ascendió a 1.500 millones de euros. La segunda línea (21 kilómetros y 16 estaciones), por su parte, tuvo un presupuesto de 1.650 millones de euros. Ambas infraestructuras fueron diseñadas, construidas y equipadas (incluidos los trenes) en equipo con Odebrecht (55% la brasileña y 45% la española) para la Secretaría del Metro de Panamá, adjunta al Ministerio de la Presidencia. Se trata de una de las mayores promotoras de obra pública en el país junto al Canal de Panamá.
El auto del juez Ismael Moreno imputa como persona jurídica por los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales a FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias
La Ciudad de la Salud, construida entre 212 y 2018 para la Caja del Seguro Social del Panamá, ascendió a 440 millones de euros y tuvo a FCC como adjudicataria en solitario.
El auto conocido hoy, y firmado por el juez Ismael Moreno, imputa como persona jurídica por los supuestos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales a FCC Construcción S.A. FCC Construcción Centroamérica SA y Construcciones Hospitalarias SA. La compañía cuenta ahora con un plazo de cinco días para activar su defensa.
El procedimiento, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, se remonta al año 2017. Por entonces, FCC se consolidaba como una de las mayores contratistas de obra pública en el país centroamericano en alianza con la brasileña Odebrecht. De hecho, las pesquisas parten de una querella contra Rodrigo Tacla, un asesor jurídico de este último conglomerado constructor acuciado por casos de corrupción. En ese caso se perseguía un posible delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015. Según la investigación, Odebrecht se habría servido de sociedades pantalla españolas (Vivosant Corporation y Gvtel Corporation) para blanquear cantidades procedentes de los sobornos entregados por diversas constructoras a cambio de contratos de obra. Esos fondos ya de curso legal eran, posteriormente, reenviados a cuentas en paraísos fiscales.
El juez Moreno incluye en su auto de imputación a FCC la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se describe cómo sus tres empresas formaron consorcio con Odebrecht, con liderazgo de esta última, para trabajar en Panamá. Esta alianza se impuso en los concursos de dos líneas del metro de la capital.
Lo que se imputa a FCC es que no activara protocolo alguno para evitar los delitos de corrupción, además de la presunta participación en hechos que pueden ser constitutivos de delitos
FCC sacaba pecho en sus peores momentos económicos ante la consecución y ejecución de estas infraestructuras, que llegaron a ser visitadas por Ana Pastor durante su etapa como ministra de Fomento.
A juicio de la Fiscalía, con indicios que han sido sostenidos por autoridades suizas, directivos de FCC y de Odebrecht diseñaron un modelo por el que sobredimensionaban el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y lo facturaban al doble de su precio. De este modo llovían los fondos para pagar sobornos a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de ese dinero se efectuaba a través de sociedades pantalla administradas por directivos de ambos grupos, que ya han declarado en el juzgado como investigados.
Denuncia de la constructora española
A juicio de la Fiscalía, directivos de FCC y de Odebrecht diseñaron un modelo por el que sobredimensionaban el suministro de acero para construir el metro de Panamá y lo facturaban al doble de su precio. De este modo llovían los fondos para pagar sobornos
La investigación judicial recibió en enero de este año información de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos perseguidos.Se incluía el aviso de un banco de Lugano sobre perfiles de riesgo de las operaciones llevadas a cabo por las empresas de los directivos investigados. Estos gestionaban sociedades y cuentas, y tenían clientes con indicios de autocontratación entre ellos a pesar de ser simples instrumentales. De hecho, contabilizaban facturaciones millonarias sin estructura alguna ni trabajadores.
La propia FCC denunció entre mayo y junio ante la Fiscalía Anticorrupción los acuerdos comerciales relacionados con todos estos hechos investigados. La constructora, una de las cinco mayores del país, entregó en el juzgado 38 facturas y transferencias al entramado corrupto por un importe de 82,76 millones de euros. Las entregas se produjeron entre 2010 y 2014 y correspondían a servicios no prestados, según la propia FCC. Con ello se daba cobertura a pagos por presunta corrupción.
Pese a esta colaboración con la justicia, a FCC se le achaca que no activara protocolo alguno para evitar los delitos referidos, además de la presunta participación en hechos que pueden ser constitutivos de los citados delitos de corrupción en transacciones internacionales (artículo 286 ter del Código Penal) y blanqueo de capitales (artículo 301 y 302.2 Código Penal).
La compañía que preside Esther Alcocer declaró ante la Audiencia Nacional sobre la participación de distintos directivos, todos ellos fuera de la empresa hoy por hoy. Este grupo habría tratado el amaño de contratos de 13 obras en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. La entrega de dádivas en estos casos habría sido encubierta bajo el manto de supuestos trabajos de consultoría comercial realizados entre 2010 y 2014.
El juez persigue la actividad de esos directivos de la constructora española, pero considera que la responsabilidad penal "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.
Ausencia de ética y mecanismos de prevención
El juez Ismael Moreno se refiere en su auto a miembros de la "cúpula directiva" de FCC Construcción actuando de forma ilícita durante cuatro años, "periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”.
El auto pone de manifiesto “ que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional”.
Esto es que FCC "presumiblemente" conoció y participó "en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”
Sobre la firma