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Tribunales

El CEO con Ron dice que la reexpresión de las cuentas de Popular le pareció una "temeridad"

El exconsejero delegado, Francisco Gómez, asegura que él y sus hijas perdieron 700.000 euros con la intervención del banco en junio de 2017

Francisco Gómez, exconsejero delegado de Banco Popular
Francisco Gómez, exconsejero delegado de Banco PopularManuel Casamayón

El exconsejero delegado de Banco Popular, Francisco Gómez Martín, ha defendido este martes la ampliación de capital acometida por la entidad en la primavera de 2016, un año antes de su disolución, y, a diferencia del expresidente Emilio Saracho, ha manifestado que resultó suficiente

porque hubo sobredemanda de acciones. Sus declaraciones están totalmente alineadas con las que realizó una semana antes Roberto Higuera, vicepresidente de Banco Popular, con Ángel Ron, quien no solo defendió la ampliación de capital, sino que también aseguró, como ha hecho Gómez, que el BCE les comentó que la inyección de capital sobrepasaba las exigencias. 

A preguntas del juez instructor, José Luis Calama, y de la Fiscalía, Gómez ha negado que en el banco se realizaran ajustes contables de ningún tipo, y ha defendido al equipo gestor de una entidad tras cuya resolución el 7 de junio y la consiguiente amortización de las acciones a cero, él, junto con sus hijas, perdió 700.000 euros, de los que la mitad fueron adquiridos en la ampliación de capital de 2016, según explican fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Así lo ha declarado Gómez Martín en su comparecencia como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la disolución del Popular a mediados de 2017.

Sobre las declaraciones de Emilio Saracho que hacían referencia a la ampliación de capital de 2016, en las que el expresidente aseguró ante el juez que en la entidad se dieron instrucciones verbales para colocarla entre clientes con financiación del propio banco, Gómez ha negado tal extremo y ha recordado que la ampliación de capital estaba asegurada al 100 %, un 97% por los bancos colocadores y el 3% restante por Allianz.

Explicó, que además, hubo sobredemanda, y en todo caso, dicha operativa está expresamente prohibida, por lo que las afirmaciones de Saracho constituyen no sólo una falsedad sino una calumnia.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el que fuera el segundo ejecutivo del expresidente del banco Ángel Ron ha aseverado que la ampliación de capital contaba con el visto bueno del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que se hizo adecuadamente. 

Estas declaraciones chocan con las que manifestó unas semanas antes Saracho sobre este asunto. El último presidente de la entidad aseguró que hizo lo que pudo tal y como se encontró el banco al llegar y subrayó que la ampliación de capital acometida bajo la dirección de Ron se había quedado muy lejos de las necesidades de liquidez, ya que sólo creció en 2.500 millones de euros de los 8.000 millones que requería.

Francisco Gómez no solo ha defendido las cuentas de la entidad, sino que ha rechazado que se realizaran ajustes contables o que estuvieran mal valorados los activos inmobiliarios, de los que entre 2014 y 2015 se vendieron cada año 2.000 millones con plusvalías, cifras también comentadas anteriormente por Higuera. 

Pero Gómez Martín ha defendido su gestión en Popular, y durante su declaración, que se ha prolongado durante unas cuatro horas en las que ha contestado al instructor y al fiscal anticorrupción, ha llegado a comentar que Popular era la envidia de los bancos 'medianos' españoles, aunque sí ha reconocido que su error fue invertir en el mercado inmobiliario.

En un momento dado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha querido saber su opinión sobre la gestión posterior a la salida de Ron y él del banco, es decir, en los 108 días en que Saracho estuvo al frente del mismo antes de la resolución.

Gómez Martín ha respondido que la comunicación el 3 de abril de 2017 de un hecho relevante a la CNMV anunciando la necesidad de una reexpresión de las cuentas le pareció una "temeridad".

El exconsejero delegado también estaba convocado para declarar mañana miércoles, pero el juez ha considerado que no era necesario. 

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