Saracho achaca a la 'Ley de Murphy' la tormenta perfecta desatada en Popular
Dice que la CNMV le eximió en dos ocasiones de comunicar al mercado dos hechos muy negativos para la acción, como el incumplimiento del ratio mínimo de liquidez o la petición de una línea de emergencia de liquidez.
El expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho, ha defendido este jueves en la Audiencia Nacional que la coincidencia entre la comunicación a la CNMV de la reexpresión de las cuentas con la filtración de la dimisión del consejero delegado Pedro Larena el 3 de abril de 2017 se debió a la 'Ley de Murphy', y nada tiene que ver a una manipulación del mercado, según queda reflejado en el informe de la Comisión, documento aportado a la causa, ha explicado el banquero ante el juez. Saracho argumentó un día antes que durante la etapa de su antecesor, Ángel Ron, la cotización cayó un 98%, mientras que con él lo que se produjeron fueron oscilaciones, no una caída constante.
Saracho ha comparecido nuevamente este jueves para terminar la declaración iniciada ayer como investigado por una presunta alteración del mercado durante los 108 días que estuvo al frente de Popular. En esta sesión, Fiscalía Anticorrupción y su defensa han terminado el interrogatorio, según informan fuentes jurídicas. NIngún abogado de la acusación ha planteado cuestiones ya que desde el principio Saracho afirmó que no iba a responderles. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido ayer, la sesión ha durado unas dos horas.
Tras abordar el miércoles su llegada al banco y la situación que se encontró, lo cual es objeto de investigación en la pieza que analiza la gestión de su predecesor Ángel Ron, hoy se han centrado en las acusaciones de manipulación del precio de mercado que habría perpetrado filtrando información. Como defensa, el banquero siempre se ha referido al informe de la CNMV, en el que se mantiene que no hubo delito.
El centro del interrogatorio ha sido la comunicación el 3 de abril de 2017 de un hecho relevante a la CNMV anunciando la necesidad de una reexpresión de las cuentas. Ese mismo día, la prensa publicaba que Larena iba a dimitir, decisión que se comunicó oficialmente horas después a requerimiento de la Comisión. Las acciones del banco en esta jornada cayeron un 10%.
Saracho ha defendido que comunicó la reexpresión siguiendo las indicaciones de la auditora que andaba analizando la situación de la entidad y lo hizo en esa fecha porque un requerimiento previo del Banco de España así lo imponía: debía ser el 3 de abril a las 8:00 horas, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Dicha reexpresión hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas de dicho ejercicio, tal como informó el Popular al mercado el 3 de abril de 2017 -apenas dos meses antes de la resolución de la entidad- en un hecho relevante en el que explicaba que la corrección causaría un impacto
de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.
Ha insistido así en que no estaba en su mano elegir el momento de informar al regulador y ha recordado a los presentes que apenas 10 días después estaba convocada la Junta General de Accionistas y debía ser transparente.
En cuanto a la filtración de la dimisión de Larena, en línea con lo manifestado ayer ha explicado que él sabía que quería marcharse igual que lo conocían determinadas personas del consejo,aunque negó categóricamente haber filtrado esa noticia. Una vez estaba la dimisión anunciada en la prensa, la CNMV requirió al banco que informase. Larena formalizó su salida y Popular emitió un nuevo hecho relevante. Debió ser cosa, según ha apuntado, de la 'Ley de Murphy' que todo tuviese lugar en el mismo día.
De hecho, ha afirmado que en esas fechas podrían haberse filtrado informaciones muy preocupantes sobre el banco y no sucedió y ha expresado su confianza en los miembros de su consejo de administración. Entre estas informaciones muy negativas para la evolución de la cotización de la acción del banco se encontraba la petición al Banco de España de una línea de liquidez de emergencia, conocida como ELA, pocos días antes de las intervención de la entidad.
Fuentes jurídicas explican que Saracho ha asegurado que en dos ocasiones pidió permiso a la CNMV para no comunicar dos hechos importantes para la cotización del banco. Solicitó no publicar como hecho relevante la petición de la línea de liquidez de emergencia, lo que fue aceptado por la Comisión; y poco después también reclamó no comunicar al mercado cuando Popular incumplió el ratio mínimo de liquidez. En ambas ocasiones el organismo que preside Sebastián Albella le autorizó a no publicar sendos hechos relevantes, ya que consideró que el conocimiento por parte del mercado de estos acontecimientos hubiera provocado, previsiblemente, un nuevo hundimiento de la acción, según ha relatado el expresidente de Popular.
"Si podíamos evitar la publicación de cualquier noticia negativa sobre la acción lo hacíamos", ha declarado Saracho en la Audiencia, según fuentes jurídicas.
Otra de las cuestiones sobre la mesa ha sido la fuga de depósitos que experimentó la entidad a partir de las filtraciones. Saracho ha explicado que no alertó a ningún cliente específicamente pero sí comunicó la situación, de acuerdo a las fuentes consultadas, a la Secretaría de Estado de Economía, dependiente entonces del ministro Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE. De los 9.685 millones de depósitos que se retiraron la última semana de Popular, 3.044 millones correspondían al sector público.
El banquero, de hecho, desglosó ayer por acontecimientos la salida de depósitos, que se elevan a 18.000 millones de euros, de los que 16.000 millones corresponden a los tres últimos meses. De ellos, unos 4.000 millones salieron tras la publicación el 3 de abril de la reexpresión de las cuentas y con la junta de accionistas del 10 de abril. Otros 4.000 millones se corresponden con las filtraciones de ciertas informaciones en El Confidencial. Otros 7.000 millones de euros se fugaron tras las declaraciones de Elke Koenig, presidenta de la Junta Única de Resolución el 31 de mayo de 2017, en las que filtró a la agencia Reuters que la JUR podría resolver Banco Popular de manera inminente, según declaraciones de Saracho ayer en la Audiencia Nacional. Otros 3.000 millones salieron en los últimos días de vida del banco
A lo largo de su interrogatorio, Saracho también ha abordado la situación de "extremo peligro" en la que se encontró Popular a su llegada en febrero de 2017. Explicó que aceptó la presidencia del banco por responsabilidad, ya que una vez que le habían pedido desde el consejo y desde las autoridades supervisoras que aceptase, ya que, de lo contrario, "se hubiera llevado por delante la acción del banco". Tan solo el hecho de comunicar a la CNMV que aceptaba el cargo, provocó que los títulos de Popular subieran un 10%, ha insistido.
El expresidente de Banco Popular defendió que la CNMV no suspendiera las posiciones en corto de Popular en la última etapa del banco. Aseguró en el interrogatorio que durante los 108 días de su mandato, estas posiciones apenas se movieron. Cuando llegó a la presidencia su peso eran del 11,75%, y cuando se fue representaban el 12,08%.
Si se dio o no ventaja a Santander para la compra de Popular sobre otras ofertas, el banquero ha explicado que ocurrió lo contrario. Aseguró, siempre según informan fuentes jurídicas, que fue a BBVA al único que en mayo, cuando estaba el data room en marcha para la subasta de Popular, se le permitió acceder a los libros del banco una semana antes que al resto, ya que parecía que estaba muy interesado, aunque al final desistió de su compra.
Sobre otras posibles filtraciones y noticia que provocaron caídas del valor y la fuga de depósitos, en el interrogatorio se han referido a la publicación, en mayo de 2017, en El Confidencial, de una noticia que informaba de la venta urgente de Popular ante el riesgo de quiebra. El juez José Luis Calama preguntó si la información era veraz y quien había filtrado esta noticia. Saracho comentó que gran parte de lo descrito era real, aunque las palabras empleadas como "quiebra" y "venta" provocaron el pánico en los clientes. Añadió que había 250 personas que podían saber que Popular estaba en venta, con una subasta en curso con cinco bancos interesados.