Tribunales

Saracho asegura que Popular “no necesitaba 2.500 millones, necesitaba 8.000” en 2016

El expresidente del banco cuestiona ante el juez las tasaciones de la entidad

Emilio Saracho, acompañado de su abogado, a su llegada a la Audiencia Nacional.
Emilio Saracho, acompañado de su abogado, a su llegada a la Audiencia Nacional.

“No existió manipulación” de la cotización, “ya lo dijo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su informe”. Así se defendió ayer el expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho, en la Audiencia Nacional, donde ha declarado como investigado por un delito de manipulación del mercado en 2017. El 20 de febrero de ese año fue cuando llegó a la presidencia de la entidad, en la que estuvo 108 días, ya que el 7 de junio Popular fue resuelto por la autoridad europea ante la elevada fuga de depósitos, y por lo tanto falta de liquidez.

En su declaración, Saracho afirmó que su objetivo no fue hundir la cotización de la entidad, como se le ha acusado por parte de accionistas, desde que llegó al banco. El banquero se ha escudado en todo momento en el informe que ha aportado a la instrucción de la CNMV, según el cual durante su etapa no se apreció ninguna alteración significativa.

Saracho, que en todo momento intentó acusar a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar pérdidas y de la delicada situación que heredó de Popular, explicó que durante la presidencia de Ron las acciones del banco cayeron un 98%, mientras que durante su gestión hubo oscilaciones, pero en ningún caso una caída constante, lo cual, a su juicio, llevó a la CNMV a emitir dichas conclusiones.

El banquero explicó en la Audiencia en una declaración que empezó a las 9 de la mañana y finalizó cerca de las 14.30 horas, que la ampliación de capital que realizó la entidad en 2016 (antes de que él llegará al banco) por 2.500 millones de euros, se quedó corta y fue un fracaso. De hecho, aseguró que nada más llegar a la presidencia se reunió con la directora de riesgos, Carmen Riveras, para que le informara de cuál era la situación real de la institución, y cuánto capital faltaba, y le dijo que no lo sabía.“Me quedé estupefacto, ¿cómo podía no saberlo?”, según fuentes jurídicas.

Saracho explicó que tras analizar la situación, Popular hubiera necesitado entonces una ampliación de capital de 8.000 millones. Afirmó que él tenía preparada una ampliación para llevarla a cabo el 12 de junio de 2017 por más de 5.000 millones de euros, pero no pudo realizarse porque antes, el 7 de junio de ese año, la entidad fue resuelta y vendida a Banco Santander por un euro.

Otro de los proyectos que tenía era la venta de activos inmobiliarios por un total de 4.000 millones de euros. Explicó además, que el proyecto inmobiliario Sunrise, diseñado por su antecesor, para desaguar capital por los elevados activos inmobiliarios que tenía el banco, no era factible, algo que también habló con el BCE y con la Junta Única de Resolución (JUR).

Ante las preguntas del juez José Luis Calama –que realizó gran parte las cuestiones, a excepción de unas cuatro que preguntó el fiscal Antonio Romeral–, Saracho afirmó que una de las cosas que más le sorprendió fue descubrir que el exconsejero delegado de la entidad durante la ampliación de capital, Francisco Gómez, dio instrucciones verbales para colocar acciones entre clientes en la red de oficinas, con créditos incluidos.

La entidad financió de esta forma 400 millones de euros para la compra de acciones por parte de los clientes en la ampliación de capital, lo que significa que esta inyección de fondos se financió con dinero del propio banco, explican fuentes jurídicas.

A Saracho también le sorprendió la presunta manipulación de las tasaciones de los activos inmobiliarios del banco en 2017, para evitar llevar a cabo más provisiones, según explicó. Para añadir que no podía ser que cuando el mercado inmobiliario estaba dando ya muestras alcistas en 2017, las retasaciones de Popular descendieran. La razón, añadió, era que estas tasaciones habían estado infladas en la etapa de Ron. Aseguró además, que no existían garantías de parte de los inmuebles y se tuvieron que realizar más de 80.000 retasaciones de los activos inmobiliarios cuando llegó a la presidencia. Mantuvo que si hubiera tenido tiempo habría abierto una investigación.

El banquero descartó una conspiración con un destacado accionista y consejero de Popular, el mexicano Antonio del Valle, a quien se le achacó que quería rebajar el precio del banco para llevar a cabo una opa a bajo precio. Saracho declaró en este sentido, que Del Valle era un importante accionista que había perdido mucho dinero y quería recuperarlo.

Negó tajantemente que hubiese asegurado a Ron su intención era realizar una tómbola si no lograba vender Popular, como había declarado su antecesor en la comisión de investigación del caso Popular en el Congreso de los Diputados. También negó que dijera en algún momento que iba a estrellar Popular contra el BCE.

Saracho detalló cómo fue su llegada a Popular y en qué situación se encontraba la entidad cuando se puso al frente. El magistrado quería aclarar cuál era su intención al llegar al banco, y si desde el principio consideró la posibilidad de llevar a cabo una operación corporativa, venderlo o tantear otras alternativas.

En concreto, el juez Calama le preguntó si no le había extrañado que le ofrecieran ese puesto si procedía de la banca de inversión, sin experiencia por tanto en banca comercial, a lo que ha respondido que sí le extrañó, razón por la cual rechazó en un primer momento la oferta.
El magistrado indicó a Saracho que, tras ver en youtube sus declaraciones en la junta de accionistas, en las que da como dos únicas salidas para el banco la ampliación de capital o la venta, tuvo la impresión de que no parecía interesado en llevar las riendas del banco, ante lo que el banquero defendió su mensaje de entonces, al entender que hizo lo correcto porque ambas eran opciones muy reales.

En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.

El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.

La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito
de manipulación del mercado.

Saracho volverá a declarar este jueves ante el juez, aunque en esta ocasión será el fiscal quien realice las preguntas. Los casi 30 abogados que estaban presentes en el interrogatorio de la Audiencia Nacional también podrán preguntar. “Aunque no sé si nos queda alguna pregunta. El juez ha hecho gran parte de nuestra labor. Se nota que se ha preparado el caso, y ha seguido un orden de preguntas muy lógico”, señalaba ayer uno de los abogados de una de las acusaciones particulares presentes en la Audiencia.

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