El convenio de Madrileña de Gas facilita el ERE si hay un recorte a las redes
Un acuerdo entre la empresa y sus trabajdores (129) abre la puerta al ajuste
Madrileña Red de Gas (MRG) ha advertido en sus alegaciones a la propuesta de circular de la CNMC sobre la nueva retribución de los activos regulados del gas, que el organismo no ha valorado adecuadamente el impacto que la medida tendrá en el empleo del sector. De hecho, la distribuidora de gas que preside Pedro Mielgo, que sufriría unos recortes de ingresos del 30% entre 2021 y 2026, tendría muy fácil proceder a un ajuste de plantilla, según una cláusula del convenio colectivo firmado en 2017 con el comité de empresa, que estará vigente hasta 2021.
Concretamente, el artículo 8 de dicho convenio establece que “la empresa garantizará la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores fijos en plantilla”. Ello implica, según el texto firmado por sindicatos y empresa, “el compromiso de no utilización de mecanismos traumáticos en la política de bajas para conseguir el objetivo de adaptación de las plantillas”. Todo ello, con una salvedad: “que no se produzcan cambios sustanciales en el marco regulatorio de la actividad de distribución y transporte secundario de gas natural, que afecte de forma grave a los ingresos o al crecimiento y expansión o a los gastos o a los resultados o situacíón de la empresa”.
En estos supuestos, concluye el artículo, “las partes vienen obligadas a negociar”. Tal es el caso, según entiende la empresa, que se dará si la CNMC aprueba, sin modificaciones o modificaciones poco relevantes, una propuesta que implica un fuerte recorte de la retribución de las distribuidoras de gas natural entre 2021 y 2026 del 30% y del 40% en las de transporte.
Aunque la normativa permite aplicar EREs en estos casos, al estar incluido en el convenio “se agilizaría el proceso porque el propio convenio tiene la puerta abierta”, indican fuentes próximas a la empresa.
Estas puntualizan, sin embargo, que este no es el objetivo y que MRG no se va a conformar con la medida. En primer lugar, la compañía, controlada por fondos e inversores internacionales (la china Gingkotre; la holandesa PGGM; Edf Invest London y el fondo de pensiones Lancashire) intentará que la CNMC atienda sus alegaciones, de lo contrario, recurrirá a los tribunales y, solo en última instancia, aplicaría un ajuste drástico. La compañía tiene 129 empleados.
La propuesta de la CNMC “pone en cuestión la viabilidad de las distribuidoras”, aseguran. Muy especialmente las de tamaño medio, como MRG, Redexis, Nortegas o Reganosa, que no tienen “el margen de maniobra de las grandes, como Naturgy o Enagás”.
Producto de la escisión en 2010 de activos de Gas Natural, tras la opa que esta lanzó sobre la eléctrica Unión Fenosa, MRG es la tercera distribuidora de gas de España. Cuenta con 900.000 puntos de suministro repartidos entre 59 municipios de la Comunidad de Madrid.
Inversiones paralizadas
Aunque los fondos accionistas de Madrileña Red de Gas (MRG) nunca pensaron en que se iban a enfrentar a un recorte de la retribución de sus redes del 30% en cinco años, se protegieron con una cláusula en el convenio que facilitara un ajuste de plantilla en caso de un cambio del marco regulatorio que perjudicase a sus cuentas.
En línea con Naturgy, la compañía anunció en agosto, tras conocerse la propuesta de la CNMC, una congelación de las inversiones. El Ministerio para la Transición Ecológica y algunos consejeros de la CNMC también han manifestado su preocupación por unos recortes que consideran excesivos, especialmente, para las gasísticas medianas.
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