Un consejo ‘caducado’ de la CNMC aprobará el recorte a las redes energéticas

A la mitad de los consejeros, inlcuidos el presidente y la vicepresidenta, les expira hoy su mandato

El fin del mandato de la mitad de los miembros del consejo de administración de la CNMC, entre ellos, el del presidente, José María Marín, y el de la vicepresidenta, María Fernández, expira hoy, 9 de septiembre. Cinco de los diez integrantes de dicho consejo (además de Marín y Fernández, los vocales Benigno Valdés, Josep María Guinart y Clotilde de la Higuera) cumplen hoy seis años en el cargo, plazo máximo que fija la ley que regula el funcionamiento del organismo supervisor y de la competencia.

Sin embargo, al igual que ocurre en el caso del Banco de España y a diferencia de la CNMV, al no haber podido el Gobierno, por estar en funciones, hacer una propuesta para su relevo (algo que debe consensuar con el resto de fuerzas políticas y debe refrendar el Congreso de los Diputados), los caducados podrán seguir provisionalmente y sine die en sus puestos. De esta manera, será el actual consejo el que apruebe, entre otras, las polémicas circulares sobre la retribución de las redes de electricidad, que supone unos recortes de la tasa de rentabilidad de estos activos en el periodo 2021-2026 de entre un 20% y un 40%, respectivamente.

Pese a las quejas de las empresas afectadas, muy especialmente Enagás, que considera que se trata de un consejo en funciones (situación que no figura en la norma) serán estos consejeros los que aprueben las 14 circulares, cuyas propuestas ha ido lanzando a audiencia pública la CNMC entre mayo y julio. El organismo está obligado por ley a aprobarlas este mismo año.

Y no hay vuelta de hoja. En el caso, muy improbable, de que Pedro Sánchez lograse la investidura el próximo día 23, no se produciría un relevo del consejo, como mínimo, hasta noviembre. En ese mes deben estar aprobadas las citadas circulares, pues el organismo debe también aprobar los peajes de acceso a las redes de la luz y el gas que entrarán en vigor en enero.

En el caso, mucho más probable, de que haya nuevas elecciones, los cinco consejeros citados no saldrían, como pronto, hasta enero. Los otros cinco (María Ortiz, Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo, Xabier Ormaetxea y Pilar Canedo) continuarán por haberse incorporado más tarde o, como en el caso de Ortiz porque fue renovada a los dos años y sumó otros dos de prórroga graciosa. También Guinart lleva dos años extra por la misma razón.

La prórroga es un triunfo para el todavía presidente, que ansiaba, según distintas fuentes, seguir en el cargo para dar luz verde a las circulares y decidir los peajes. Se trata de las primeras normas que el organismo va a aprobar después de que el Gobierno del PSOE le reconociese sus funciones el pasado enero a través de un RDL. Este puso fin al reiterado desacato reiterado del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, a la UE, que amenazó con abrir un expediente sancionador a España si no reconocía las competencias que le otorga la normativa comunitaria.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy creó la CNMC mediante la polémica fusión de la Comisión de Competencia (CNC) y los supervisores sectoriales de la energía (CNE) y las telecos (CMT), se establecieron mandatos iniciales con tres plazos límites distintos para evitar que el relevo de los 10 consejeros no coincidiera en el tiempo: de dos de cuatro y de seis años. Solo los de dos años podrían ser prorrogados por otros seis y este fue el caso de María Ortiz. En 2013, de los 10 miembros que componen el consejo de la CNMC, ocho fueron nombrados por el Gobierno del PP (el PSOE se negó entonces a aceptar los dos puestos que se le ofrecieron) y dos representaban a CiU y el PNV.

Ya en 2017, las vacantes de los consejeros con mandatos de dos y cuatro años fueron cubiertas por un representante del PSOE (Bacigalupo), de Ciudadanos (Canedo) y dos por sentencia judicial. tal es el caso de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, expresidente y exconsejero de la CMT que denunciaron el fin anticipado e irregular de sus mandatos, que el Tribunal Supremo consideró ilegal y obligó al Gobierno a su readmisión.

Cinco comisiones

Las 14 circulares siguen, de un modo u otro, su trámite. De las cuatro propuestas en mayo hay tres que por ser poco conflictivas están prácticamente listas para su publicación (las relativas a las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico y las de balance y acceso a las redes de gas). Respecto a la cuarta, la de acceso y conexión de las redes eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica instó creación de la comisión de cooperación, una figura que permite la ley en el caso de que el Gobierno considere que la CNMC invade sus competencias.

También ha solicitado la creación de otras cuatro comisiones de conflicto para las más polémicas de las circulares: las de retribución de las redes de transporte y distribución de gas y electricidad, respectivamente. El plazo de alegaciones de estas, junto a las de retribución de los gestores de luz y gas, terminó el pasado 9 de agosto.

Siguen en periodo de consulta pública las circulares relativas a las metodologías de peajes de luz y de gas, cuyas propuestas fueron publicadas por la CNMC a finales de julio, que también se avecinan polémicas, y una norma menor sobre valores unitarios del transporte de electricidad.

Marín ha advertido hace unos días que las propuestas no se modificarán esencialmente, pese a las alegaciones y a las reticencias del Gobierno, lo que ha generado malestar en el sector.

Los miembros de la comisión de conflicto se designaron en julio

De las 14 circulares con las que se ha estrenado la CNMC como legislador, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado la creación de cinco comisiones de cooperación por entender que la Comisión invade sus competencias. Se trata de las relativas a acceso y conexión a las redes eléctricas y las de retribución de las redes de transporte y distribución de gas y luz, respectivamente,

Según la ley que regula el funcionamiento de la CNMC, dichas comisiones la integrarán tres representantes de cada parte. En julio, tal como adelantó entonces CincoDías, la CNMC designó a su presidente, José María Marín; al secretario del consejo, Joaquim Hortalá y el director de Energía, Fernando Hernández. Por su parte, eligió como representantes al secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal; a la directora general de Política Energética, María Jesús Martín, y al abogado del Estado adscrito al ministerio.

Esta composición se mantendrá en el futuro para cualquier comisión de conflictos que inste Transición Ecológica frente a la CNMC, que está obligada a seguir las directores de política energética del Gobierno al aprobar sus circulares. Aunque el organismo tiene la última palabra en las citadas comisiones, el ministerio puede recurrir después ante el Tribunal Supremo la invasión de funciones.