Los retrasos en los pagos de los ayuntamientos suben a 65 días de media

Los municipios son los peores pagadores de todas las Administraciones

Si un autónomo realiza un trabajo para la Diputación Provincial de Cuenca tardará en cobrar apenas siete días, pero si ese mismo trabajo se realiza para el Ayuntamiento de Jaén, el periodo medio que tardará en facturarlo será de nada menos que 542 días, casi un año y medio. Estas son las Administraciones públicas españolas que menos y más tardan en pagar a sus proveedores, respectivamente, según el último informe sobre los periodos medios de pago en el primer semestre elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta asociación lleva varios años analizando trimestralmente el tiempo medio que tardan las Administraciones públicas (central, autonómica, diputaciones y ayuntamientos y cabildos insulares) en abonar las facturas a sus proveedores de bienes o servicios.

Aunque la tendencia de los últimos años ha sido con carácter general acortar los retrasos en los pagos, los ayuntamientos –que vuelven a revalidar el título de Administración que más tarda en pagar– han empeorado su puntualidad en el abono de sus facturas. Tras más de dos años con unos plazos medios de pago de 60 días, en el primer semestre de 2019 este periodo se elevó hasta los 65. Más de dos meses están tardando en pagar de media los municipios en lo que va de año.

Esto supone más que duplicar la exigencia de la ley, que fija en 30 días la obligación de pagar las facturas a las Administraciones públicas y en 60 días a las empresas privadas.

Por el contrario, sí han mejorado algo los plazos de las Administraciones central y de las regionales. En el caso del Estado, tardó en pagar sus facturas unos 37 días de media en este primer semestre, frente a los 39 días con los que arrancó el año. Mientras que las Administraciones regionales fueron las mejores pagadoras y redujeron sus demoras de 39 a 35 días, siendo las que más se acercan al periodo legalmente establecido, pero aún incumpliéndolo.

Desde ATA se quejan de que sean precisamente los municipios los que más tardan en abonar sus facturas porque es la Administración para la que trabajan la mayoría de los autónomos. "Es increíble que precisamente la Administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos; adelantando recursos, materiales y esfuerzo", se lamentó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Aunque la media resulte que los municipios son los que peor pagan hay grandes diferencias entre ellos e incluso muchos cumplen, con creces la ley. Es el caso de las corporaciones locales de Zamora, que paga en 9 días; Roquetas de Mar (Almería) y Lugo, que abonan los servicios que contratan en 11 días cada uno, o Vigo (12 días). Mientras que, por el contrario, Jaén no solo vuelve a ser el municipio que más tarda en pagar sino que se retrasó aún más en el abono de sus facturas pasando de una media de 531 días de retraso en el primer trimestre del año a 542 en el acumulado del primer semestre de 2019.

Aún mayor ha sido el empeoramiento de los plazos de pago del segundo ayuntamiento que peor paga de España: Jerez de la Frontera (Cádiz), donde han pasado de abonar las facturas en 198 días en el primer trimestre a 320 días en la primera mitad del año.

En cuanto a las comunidades, Cantabria fue la que registró impagos por periodos más largos en la primera mitad del año: 56 días de retraso de media, casi el doble del máximo que marca la ley. Otras seis autonomías incumplieron la ley superando el máximo de 30 días (Comunidad Valenciana, 51 días; Baleares, 45; Castilla-La Mancha, 43; Cataluña, 41; La Rioja, 41; y Murcia, 40). Las tres Administraciones autonómicas que mejor pagan son Galicia (18 días de media); Andalucía (20 días) y el País Vasco (21 días). Pero, según estos datos, no solo las Administraciones y organismos públicos desoyen la ley en materia de pago, también las grandes empresas de más de 250 trabajadores incumplen ampliamente la norma al retrasarse en los pagos una media de 99 días, en las compañía que tienen entre 250 y 1.000 empleados; y con retrasos de unos tres meses y medio (105 días) las que cuentan con plantillas superiores a 1.000 trabajadores.

Si bien, las críticas hacia estos retrasos van más allá. Recientemente, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, denunciaba en que "la opacidad sobre los plazos reales de pago en España es un hecho. La información auditada (de las compañías ) no garantiza su fiabilidad". Por ello, criticaba que "la Comisión Europea sitúa a España como el país con los plazos de pago más largos de Europa y, sin embargo, las cuentas auditadas de las grandes empresas muestran una situación idílica en el pago a proveedores".

A la espera de las sanciones

 

"No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por la ley", reclamaba ayer el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor. En su opinión, la morosidad "no tienen nada que ver con el tamaño de la Administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y parece que solo cuando hay castigo, los malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores", denunció Amor.

En la anterior legislatura, distintos trabajos en el Congreso de los Diputados llegaron a diseñar un reglamento sancionador para los incumplimientos de la Ley de Morosidad, que contempla, desde su aprobación en 2010, el desarrollo de multas a quienes no paguen en 30 días (Administraciones públicas) o 60 (empresas privadas). Sin embargo, la temprana disolución de las Cámaras ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos y, según distintas fuentes, las presiones de las grandes empresas, volvieron a dejar en papel mojado dicho régimen sancionador, que sigue en el cajón.