Operaciones

La CNMC autoriza a Cirsa a comprar GGSO, pero con condiciones

Deberá cerrar dos bingos en Barcelona

Logotipo de Cirsa en uno de sus salones de juego. Ampliar foto
Logotipo de Cirsa en uno de sus salones de juego.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Cirsa la adquisición de Giga Game System Operations (GGSO) en primera fase, aunque la operación está subordinada al cumplimiento de los compromisos presentados por parte de la firma compradora, entre ellos el cierre de dos bingos en Barcelona, cuyas licencias podrán ser adquiridas por competidores, lo que contribuirá a reducir la presión sobre la cuota actualmente existente.

La transacción, que se enmarca dentro del sector privado del juego, concretamente en la modalidad de juego presencial, afecta a las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Aragón.

Si bien los riesgos para la competencia, debido a la elevada cuota de mercado que tendrá Cirsa tras la operación, se han identificado en Cataluña. En concreto, en relación con los segmentos de gestión de máquinas tipo B en establecimientos de hostelería, así como en la explotación de salones de juego y bingo.

Por ello, la autorización de la operación se encuentra subordinada al cumplimiento de una serie de compromisos que se han considerado adecuados para solucionar los problemas de competencia que presentaba la operación, según ha explicado el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Así, para el segmento de hostelería, Cirsa se ha comprometido a eliminar de las cláusulas de exclusividad en todos los contratos suscritos en Cataluña, con el fin de favorecer la competencia entre operadores de máquinas recreativas dentro de un mismo local.

Además, la CNMC recuerda que existe una legislación europea que limita de duración de todos los contratos de cogestión con pactos de exclusiva a cinco años. Esta norma afecta a la mayoría de los sectores, incluido el del juego. 

La CNMC vigilará el cumplimiento de los compromisos por parte de Cirsa, para lo cual ésta se obliga a la remisión periódica de un conjunto de información que permite contrastar el efectivo respeto de dichos compromisos.

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