Constructoras y bancos recurren al Supremo el cálculo del Gobierno por la quiebra de las autopistas
Las empresas piden cerca de 2.200 millones de euros más
Las constructoras y los bancos que controlaban las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado están presentando una cascada de recursos ante el Tribunal Supremo en contra de la fórmula que el Gobierno ha fijado para calcular la factura que estas vías supondrán para las arcas públicas.
En virtud de dicho sistema de cálculo, aprobado el pasado mes de abril, se estableció que este importe no podrá superar los 3.305 millones de euros.
Desde su aprobación en abril y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo, las exconcesionarias de estas vías han venido presentando ante el Alto Tribunal sus respectivos recursos contra esta estimación.
El último de estos recursos, todos ellos ya admitidos a trámite, es el planteado por ACS y Sacyr, que participaban en varias de las vías, tal como publica el BOE de este lunes.
Este recurso se acumula a los ya presentados por la entidad austríaca especializada en financiación de infraestructuras Kommunalkredit, por Bankia y por Autopista del Henares, exconcesionaria de la radial R-2 participada por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía.
En el último mes también ha recurrido Aucosta, exconcesionaria del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera participada por Ploder, Globalvía y varias de las extintas cajas de ahorros, así como Ciralsa, exconcesionaria de la circunvalación de Alicante y controlada por ACS, Abertis y también Globalvía.
De igual forma, ha elevado su recurso al Supremo Accesos de Madrid, extitular de las radiales R-3 y R-5 y participada por ACS, Sacyr, Abertis y Bankia, y la Autopista Eje Aeropuerto, exconcesionaria de la M-12, que une Madrid y el aeródromo de Bajaras, participada por OHL.
Con esta cascada de recursos admitidos a trámite por el Supremo, las exconcesionarias de las vías quebradas muestran su desacuerdo con la fórmula ideada por el Gobierno para calcular la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) ante estas vías.
Se trata del importe que, por contrato, el Estado debe pagar a estas empresas que construyeron y explotaban estas vías por las inversiones que realizaron en su construcción.
El actual Gobierno en funciones, ante la complejidad que supone su cálculo, se propuso comenzar esta tarea con el diseño de los principales aspectos a tener en cuenta y un sistema de cómputo.
Descuento de 300 millones por obras de mejora
En virtud de este sistema de cálculo, aprobado por el consejo de ministros del 26 de abril, establece que el importe a pagar será el "valor patrimonial de las obras realizadas y que no hayan sido amortizadas y de las expropiaciones que se hayan abonado", si bien no podrá superar un máximo fijado para cada vía que, en conjunto, suma el referido monto de 3.305 millones de euros.
Además, advierte de que restará los 300 millones que estima preciso invertir en las vías para que recuperen sus estándares mínimos de calidad.
Este importe máximo supera al de unos 2.000 millones de euros estimados por los dos últimos gobiernos, pero está lejos de los 5.000 millones calculados por el sector y los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas.
A pesar de todo ello, tanto el Gobierno como el sector dan por hecho que la determinación última de la 'factura' de la quiebra de estas vías para las arcas públicas derivará en un proceso judicial y la acabará fijando un juez.
Por el momento, la presentación de estos recursos supondrá dejar en el aire los plazos establecidos por la ley para abonar la RPA, fijados para este mes de julio tras aplazarse seis meses la fecha inicial del pasado mes de enero.
