¿Quiénes son los dueños de las acciones españolas?
La inversión extranjera acapara el 48,1% y marca nuevo récord
La incertidumbre política y el año tan negativo que vivió la renta variable española en 2018 no merma la confianza de los inversores internacionales en la Bolsa española. La presencia de inversores extranjeros no solo se mantiene sino que además aumenta marcando un nuevo récord.
Según el Informe Anual sobre la propiedad de las acciones cotizadas, elaborado por el Servicio de Estudios de BME, los no residentes poseen el 48,1% de la Bolsa española. Son dos puntos porcentuales más que el año pasado y supone un nuevo récord histórico.
"Las empresas cotizadas gozan de una presencia de inversores extranjeros en su capital más amplia, diversificada y transparente que las compañías no cotizadas", explican desde BME. Los inversores foráneos cuentan con poco más del 20% de las acciones de empresas no cotizadas, frente a casi la mitad del valor de las compañías de la Bolsa española que controlan.
Desde que en 1992 se empezó a recopilar esta estadística, la participación de los inversores no residentes siempre se ha mantenido por encima del 30% casi dos décadas y media en las cuales se ha convertido en un factor de estabilidad para el mercado y el sistema financiero españoles en su conjunto.
Las compañías no financieras son el segundo grupo con más peso en el capital de las compañías españolas, ya que controlan el 20,5% de su valor bursátil, cuatro décimas más que el año pasado. Tras las desinversiones de los tiempos de la crisis para reducir el endeudamiento, las sociedades han incrementado en más de tres puntos porcentuales su participación en Bolsa desde 2014.
Por el contrario, la presencia de las familias en la Bolsa cae dos puntos hasta el 17,2%, en parte, por el crecimiento de la inversión en instituciones de inversión colectiva. Esta cifra se acerca el nivel medio de los países europeos.
Se mantiene prácticamente estables la participación en la Bolsa española de los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros (un 7,9%), de las Administraciones Públicas (un 3,3%) y de bancos y cajas (un 3%).
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