La Airef critica la falta de transparencia sobre 14.000 millones en subvenciones

La autoridad pide actualizar una normativa desfasada e incluir un régimen sancionador efectivo

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José Luis Escrivá, presidente de la Airef.

Resultan útiles para los ciudadanos las partidas que la Administración se gasta en subvenciones? La respuesta, lamentablemente, es que no se sabe porque no se mide. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha criticado este lunes la “clara falta” de estrategia y vinculación entre el diseño de las políticas públicas, su dotación presupuestaria y su plasmación en subvenciones por valor de 14.000 millones de euros. Unas carencias que impiden que se evalúe si realmente resultan eficaces y, por tanto, que la Administración rinda cuentas. Por todo ello, este organismo independiente pide actualizar la Ley General de Subvenciones para que sea más clara y tenga un régimen sancionador efectivo, así como impulsar la coordinación territorial y basar el reparto de fondos en criterios objetivos.

Estas son las principales conclusiones del primer estudio de siete que la Airef ha realizado en torno al proceso de revisión del gasto público, conocido como Spending review, que se lleva a cabo por primera vez en España por recomendación de las autoridades europeas. A este primer informe sobre la concesión de subvenciones le seguirán a lo largo del mes otros que evaluarán el gasto médico, las políticas activas de empleo, las de competitividad, las becas universitarias, los programas de I+D+i y, por último, el servicio de Correos, que en total suman 30.000 millones de euros anuales.

“En España hay una carencia grande de evaluación del gasto público”, criticó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá durante la presentación del estudio. Más allá del control estricto del gasto desde un punto de vista fiscal y legal (esto es, si se gasta lo presupuestado y si se cumplen los requisitos técnicos), Escrivá resaltó la “escasísima evaluación de resultados”, es decir, si los recursos han cumplido con los objetivos para los que se diseñaron. Por todo ello, defendió que existe un “extraordinario margen de mejora” en la gestión del gasto público español, que supone el 40% del PIB.

El estudio constata la “desconexión” entre la planificación estratégica de las subvenciones y las políticas públicas, los planes sectoriales y las partidas presupuestarias que las sustentan, porque “la estrategia, que tendría que ser el hilo conductor de todo el diseño de la política pública hasta su aplicación, solo entre al final del proceso”. Por esa razón, la Airef propone crear un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria con indicadores de resultados, que permita evaluar y hacer un seguimiento en el tiempo, y cuyos hallazgos estén en una base de datos a disposición de los académicos, en aras de cumplir con las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas.

Actualización de una regulación desfasada

Además, fuentes del organismo critican la existencia de un “marco normativo desactualizado e incompleto” con una “carga administrativa excesiva” para gestores y beneficiarios. Por ello, la Airef cree que se debe mejorar “en profundidad” la Ley General de Subvenciones para aclarar y ampliar la definición de las subvenciones, simplificar la burocracia y aplicar un régimen sancionador efectivo para quien se beneficie indebidamente. Pide además potenciar la transparencia a través de la evaluación de los resultados y de la rendición de cuentas a partir de un cierto importe.

Falta de coordinación en un Estado muy descentralizado

Escrivá también destacó que las Conferencias Sectoriales, principales mecanismos de coordinación entre entre el Estado y las comunidades autónomas “no funcionan bien” y son por tanto “ampliamente mejorables”. "En un país tan descentralizado, es fundamental que haya una gobernanza compartida entre el Estado y las comunidades autónomas", insisten fuentes de este órgano. 

Según el informe, pese a ser numerosos, estos órganos se reúnen con poca frecuencia y en ellos prevalece un enfoque “muy centralista” donde las comunidades negocian de forma bilateral con el Estado, lo que impide una coordinación horizontal entre los diferentes entes territoriales. No solo eso. También destaca que en ellas prima una visión enfocada únicamente en el reparto del dinero y que este se hace en base a criterios arbitrarios. En ese sentido, pone como ejemplo el caso de la conferencia sectorial de Vivienda, cuya dotación se establece en base a criterios de población que no se han revisado en 27 años.

Con este diagnóstico, la Airef pide una mayor presencia de las entidades locales y de expertos técnicos, y que el reparto se haga en base a criterios objetivos susceptibles de revisión según los resultados conseguidos.

Las comunidades salen mejor paradas que el Estado

  • Tras analizar 15 planes estratégicos de subvenciones de los distintos ministerios, 129 de las comunidades autónomas y cuatro de las entidades locales, el informe de la Airef concluye que existe una mejor planificación de las políticas públicas en los entes territoriales que en la Administración General del Estado (AGE), Así, detalla que hasta 2017, tan solo cuatro ministerios habían adoptado un plan estratégico, y que en 2018 todavía dos no habían hecho los deberes: el de Justicia y el de Energía, Turismo y Agenda Digital.
  • Respecto a la administración autonómica, el estudio destaca las regiones con mejor planificación en torno a las subvenciones. Son Cataluña, Navarra, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Baleares.
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