Competencia

La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto por su código de buenas prácticas

El organismo impone sanciones por un total de 33,8 millones de euros

La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto por su código de buenas prácticas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones a 34 editoriales de libro de texto no universitario y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE). El organismo los considera responsables de la “coordinación de políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto". Al tiempo, la entidad presidida por José María Marín Quemada, dice que ha dejado sin efecto "el pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y 10 editoriales". 

El conjunto de las sanciones económicas impuestas por la CNMC asciende a 33,88 millones. Anele ha manifestado que recurrirá la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional y lamenta que en su decisión se validen "prácticas que podrían dar lugar a situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto".

A partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, la CNMC explica que "se han sancionado dos conductas ilícitas, una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital”. Ambas calificadas como  "muy graves” por el ente administrativo. 

Según un comunicado de la CNMC, la primera de las infracciones "consiste en una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector editorial". Así, señala en una nota de prensa que "con la elaboración e implementación de este código de conducta las editoriales sancionadas y la asociación han configurado una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos". Asegura el documento que "dicha estrategia ha supuesto homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector”. A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de “buenas prácticas”, la CNMC considera que las entidades lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia.

La CNMC subraya que "en esta infracción se ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana, dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación Anele".

Estupefacción

A través de un comunicado de prensa, Anele "quiere expresar su estupefacción ante la resolución de la CNMC, que valida prácticas que podrían dar lugar a situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto, que perjudican a las familias y aumentan el precio del material educativo y, sobre todo, muestra un claro desconocimiento del funcionamiento de un mercado como el de los libros de texto".

La organización sectorial manifiesta, en la citada nota, que "quiere expresar que ni la asociación, ni ninguna de las empresas asociadas, han incurrido en prácticas contrarias a la competencia, considera la sanción arbitraria e injusta e interpondrá, por ello, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional".

Explica que "esta resolución está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un Código Ético del sector". La asociación profesional subraya que "dicho Código Ético, además de ajustarse a la normativa que regula el sector, está fundado en recomendaciones de organismos internacionales de prestigio como el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la UNESCO, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del “cohecho, regalos, favoritismo” y que abogan por pactos de integridad, como el aprobado por ANELE “para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio”.

Añade Anele que el citado Código de Conducta "sigue, igualmente, las prácticas establecidas por códigos similares aprobados en otros países (como en Italia o EE.UU), o de otros sectores que cuentan con una comercialización por prescripción similar, como el farmacéutico; y responde al interés general de erradicar prácticas nada éticas, y tipificadas penalmente, como la solicitud o entrega de regalos, obsequios y productos de todo tipo a los docentes y centros de enseñanza como contrapartida a la selección que, cada año, realizan de los libros de texto que deben utilizar los alumnos".

Por tanto, la asociación concluye que "se puede afirmar, pues, que se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza". Y subraya finalmente que "hay que señalar que la investigación de la CNMC se produjo tras la denuncia de una editorial (Vicens Vives) que, tras haber participado en la redacción e implementación del Código de Conducta, decidió meses más tarde no someterse a lo establecido en el mismo e incumplir los principios básicos y éticos recogidos en el Código".

"Profundas inconsistencias"

También el grupo editorial Santillana ana ha manifestado "su total desacuerdo con las dos prácticas supuestamente restrictivas de competencia que fundamentan la resolución de la CNMC". Y asegura que "dicha resolución contiene profundas inconsistencias".

Explica que "firmado por la mayoría de las empresas integradas en ANELE, el Código de Conducta del sector pretendía acabar con cualquier tipo de prebendas o regalos en la prescripción de materiales educativos. Además, la CNMC ya conocía la existencia de dicho código con anterioridad a la apertura de este expediente".

Explica el grupo editorial, a través de un comunicado, que "en relación al mercado digital, la sanción es cuanto menos sorprendente dada la apuesta e inversión de Santillana en innovación y desarrollos digitales en los últimos años".

Detalla la nota de prensa de Santillana que "la CNMC ha considerado que la existencia del Código de Conducta del sector constituye una infracción prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia al entender que limitaba la entrega de materiales promocionales a los docentes y centros, y la competencia entre las editoriales". "Sin embargo, subraya la empresa, con este código, suscrito en 2012, las empresas editoriales que pertenecen a la Asociación Nacional de Editores de libros y material de enseñanza (ANELE) quisieron garantizar que la selección de los proyectos educativos por parte de docentes y centros de enseñanza respondiera únicamente a criterios de calidad y precio".

En paralelo, Santillana afirma que "rechaza esta resolución que, además de sancionar a las empresas, prohíbe directamente el Código de Conducta, desacreditando así el objetivo del sector de frenar prácticas que impidiesen una elección ajena a la calidad didáctica".

El comunicado de la empresa editorial defiende que "la CNMC descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales. Por otra parte, Santillana cuestiona y rechaza los hechos presentados por la CNMC como acreditados".

Como resultado explica que "esta sanción elimina, además, la posibilidad planteada por Santillana a la CNMC de trabajar conjuntamente una redacción alternativa de Código que pudiera corregir posibles deficiencias que asegurase el buen comportamiento del sector y que fuera compatible con la normativa de competencia".

El comunicado de la sociedad asegura que "Santillana apuesta por la absoluta transparencia en la comercialización de todos sus productos, tanto en los libros de texto como en sus desarrollos digitales". "Nuestra inversión en innovación, continúa, ha crecido fuertemente en los últimos años contribuyendo a dinamizar el mercado escolar y obteniendo el respaldo de la comunidad educativa.

"Por todo ello, concluye la empresa, Santillana "considera que dicha resolución, que no es firme y contiene errores materiales, no se ajusta a derecho y anuncia la decisión de interponer contra la misma los recursos que procedieran para la defensa de sus legítimos derechos ante las instancias que correspondan".

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