Una inversión... de cine

Los incentivos fiscales convierten a estas producciones en un sector atractivo de cara a los inversores desde el inicio del proyecto

Una inversión... de cine
EFE

La producción audiovisual es una actividad profesional de marcado carácter singular.

Por un lado, la industria audiovisual es un pilar fundamental en la manifestación de la cultura de un país, habiéndose convertido en un valioso sector de cada sociedad.

Por otro, la producción audiovisual está sujeta a un largo plazo de concreción por naturaleza. Así, desde el inicio de la actividad profesional hasta el comienzo de su explotación económica, puede transcurrir fácilmente un periodo de dos años.

Partiendo de estas dos premisas, nuestra legislación ha ido fomentando, a través de diversos mecanismos jurídicos, la inversión en el sector cinematográfico y audiovisual.

Dentro de estas medidas de promoción, destacan tanto la existencia de un régimen de incentivos fiscales como el establecimiento de un sistema de subvenciones públicas desde la primera fase de actividad económica.

Ambas medidas fueron impulsadas, fundamentalmente, a través de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine y su normativa de desarrollo.

Por lo que respecta al régimen fiscal, esta legislación instauró un sistema que permite articular la financiación de una obra audiovisual a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE), un vehículo asociativo flexible y con personalidad jurídica propia, que puede aprovecharse, además, de la deducción fiscal contemplada en la Ley de Impuestos de Sociedades.

Así, en producciones cinematográficas y series audiovisuales, el incentivo fiscal a nivel estatal conlleva una deducción del 25% del primer millón de euros del coste total de la producción y del 20% a partir de dicho millón. Como es apreciable, esta deducción supera con creces la mayoría de las deducciones por actividades económicas contempladas en nuestra legislación.

En cuanto al segundo de los pilares de la financiación de una obra audiovisual, las subvenciones públicas, su régimen jurídico actual supone una mejora en el impulso de la actividad de producción desde su fase de preproducción.

Frente a la anterior regulación que contemplaba un régimen de ayudas generales para la amortización del largometraje, esto es, sobre proyectos finalizados cuya explotación ya había tenido lugar, el actual sistema de subvenciones contempla una línea de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto, lo cual dota a los productores de una importante financiación desde sus inicios.

En este sentido, en el año 2017, esta línea de ayudas generales sobre proyecto contó con una dotación de 30.000.000 euros, con un máximo de 1.400.000 euros por proyecto. Según la Memoria de ayudas elaborada por el ICAA, en dicho año, de entre las 106 solicitudes presentadas, 25 recibieron una resolución positiva. En el año 2018, lo dotación acumuló igualmente la cantidad de 30.000.000 euros, con un máximo de 1.000.000 euros por proyecto.

Además de esta modalidad de ayuda general sobre proyecto, la legislación estatal también contempla una línea de ayudas selectivaspara la producción de largometraje sobre proyecto.

Esta modalidad de subvención está destinada a proyectos de largometrajes que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, o que sean de carácter documental, o que incorporen nuevos realizadores o que sean de carácter experimental, todos ellos con un coste de producción máximo de 1.800.000 euros (2.500.000 euros en caso de largometrajes de animación).

En el año 2017, esta línea de ayudas selectivas contó con una dotación de 5.300.000 euros, con un importe máximo de 500.000 euros por proyecto. Según la Memoria de ayudas elaborada por el ICAA, de las 203 solicitudes presentadas, 55 se resolvieron favorablemente. En 2018, la dotación inicial de esta línea de ayudas ascendió a 7.076.600 euros, misma cuantía que la prevista para este año 2019, según la reciente convocatoria de 11 de mayo.

De manera paralela, las Comunidades Autónomas convocan diversas subvenciones para la producción audiovisual.

Como ejemplo, para el año 2019, la Generalitat Valenciana ha asignado una dotación global de 5.750.00 euros a ayudas para la producción audiovisual, el Gobierno de Canarias ha destinado la cantidad de 1.375.000 euros a subvenciones al desarrollo y producción de obras audiovisuales de autoría canaria, y el Gobierno de Navarra ha contemplado la cantidad de 510.000 euros para su Convocatoria de ayudas al cine 2019.

Finalizando el bloque de ayudas públicas, España ha suscrito diversos convenios internacionales para la coproducción audiovisual. A través de estos convenios, es posible que una obra realizada en régimen de coproducción internacional cuente con dos nacionalidades distintas, permitiendo así la obtención de ayudas públicas en ambos países.

En definitiva, si a estas medidas de apoyo sumamos la financiación derivada de las preventas de derechos, los anticipos de distribuidores o agentes de venta internacional o los préstamos bancarios de bajo interés, podemos afirmar que nuestra legislación otorga a la producción cinematográfica y de series de televisión un régimen jurídico que convierte a la misma en un sector atractivo de cara a inversores desde los primeros momentos de su producción.

Elena Ordúñez Martín, es responsable del Área de Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual de PONS IP

Alejandro Díaz Sánchez, es abogado del Área de Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual de PONS IP

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