Tribunales

Miles de accionistas presentan las primeras demandas civiles por las pérdidas desde 2012 en Banco Popular

La OCU ha presentado hoy una demanda en representación de unos 300 socios que adquirieron acciones en la ampliación de capital del banco en 2016 o en el mercado secundario

Una de las principales oficinas de Banco Popular, perteneciente a Grupo Santander, en Madrid.
Una de las principales oficinas de Banco Popular, perteneciente a Grupo Santander, en Madrid.

Miles de accionistas, bonistas y particulares afectados por la resolución de Popular del 6 de junio de 2017 han presentado sus primeras demandas civiles contra Popular (ahora integrado en Banco Santander) por las pérdidas sufridas desde 2012. Así lo están planteando los despachos B. Cremades & Asociados en representación de accionistas y bonistas e IUS + Aequitas Abogados, que asesora precisamente a la OCU. El dictamen pericial encargado por los despachos B. Cremades & Asociados y IUS + Aequitas Abogados concluye que las cuentas y folletos de Popular no reflejaban la realidad de la empresa desde, por lo menos, el año 2012.

Por consiguiente, ambos despachos reclamarán las pérdidas de sus clientes desde entonces, independientemente de si acudieron o no a las ampliaciones de capital o si invirtieron en el mercado secundario. El informe pericial encargado por los citados despachos y el reciente informe de los inspectores del Banco de España “contribuirán a confirmar que los inversores de Banco Popular deberían recibir una justa indemnización, que las cuentas y folletos de Banco Popular no reflejaban la realidad de la empresa desde, por lo menos, el año 2012”, señalan estos despachos.

B. Cremades & Asociados representa a cientos de antiguos accionistas y bonistas de Popular, mientras que IUS + AEQUITAS ABOGADOS representa a la OCU y a sus miles de socios perjudicados en el caso. Ambos despachos aseguran que están presentes en los múltiples frentes legales abiertos, incluyendo ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la resolución de Banco Popular y la denegación de acceso íntegro a la documentación que la justificaba; y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 3ª, contra la ejecución por el FROB de la resolución de Popular.

Además, IUS + Aequitas Abogados está personado ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa de inversores donde la OCU ejerce la acusación popular. Esta organización, de hecho, presentó este jueves la primera demanda civil que representa a 300 socios en los Juzgados de Móstoles y que busca reclamar un importe total de más de 7,5 millones de euros -a los que habría que sumar intereses y costas.

La OCU acompañó la demanda con un informe pericial que fundamenta "la ocultación que se hizo a los accionistas de la situación financiera real de la entidad", lo que, según la asociación, "provocó un año más tarde la resolución del Banco Popular y la pérdida de la inversión" de los socios afectados. Los afectados, tanto si adquirieron sus acciones directamente en la ampliación de capital o con posterioridad a través del mercado secundario, piden mediante esta acción judicial "la devolución de las cantidades invertidas o la indemnización por daños con los intereses legales". 

La portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu, declaró a las puertas de los juzgados que "todas aquellas personas que desde febrero de 2012 tenían alguna acción del Banco Popular o han vendido" pueden acudir a esa demanda civil y sumarse a estos primeros 300 afectados a los que ya representan. "Estamos haciendo todo lo posible en todos los ámbitos, en todas las jurisdicciones para obtener el dinero que han perdido", ha insistido Izverniceanu, acompañada de los abogados Eliseo Martínez y Carlos López Mélida, del bufete IUS + Aequitas, que ejercen la representación legal en nombre de la OCU.

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