Las renovables denuncian el bloqueo de las eléctricas para su conexión a las redes

Un proyecto de real decreto del Gobierno crea interlocutores imparciales en el trámite de solicitudes, tal como piden los pequeños inversores

Redes eléctricas de alta tensión.

Los conflictos entre los generadores y los operadores de las redes eléctricas (tanto el transportista, REE, como las distribuidoras) para la conexión de los primeros a las infraestructuras de los segundos no son nada nuevo. Permanentemente, la CNMC se ve obligada a resolver las disputas que las renovables denuncian para lograr el derecho de enganche de sus proyectos. La casuística es múltiple y variada, tal como reconocen fuentes cercanas al organismo.

Sin embargo, dichos conflictos se han multiplicado por “la explosión” de solicitudes de acceso y conexión, que, en términos de capacidad, son casi tres veces superiores a los 57.000 MW previstos para 2030 en el Plan nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), unos 160.000 MW registrados por REE. 

Tanto el supuesto bloqueo que los inversores sufren por parte de las eléctricas, que ha dado lugar a quejas de las asociaciones de renovables, como UNEF o APPA, ante la CNMC, como la avalancha de peticiones, tras de las cuales se oculta un grave movimiento especulativo, podrían resolverse con un cambio en la actual regulación, que el Gobierno tiene encima de la mesa, y racionalizando los accesos a las redes en la futura planificación energética.

Hace una década, con la irrupción de las  renovables, se creó una figura legal, el interlocutor único de posición o nudo, para representar a varios titulares o promotores de plantas de generación en la solicitud de conexiones y facilitar así la tarea a REE. El problema, según denuncian las citadas asociaciones, es que, muchas veces, “el representante es otra eléctrica y, por tanto, un competidor que o tarda en hacer la tramitación o no la prioriza”.

Un proyecto de decreto del Gobierno prevé expulsar a los especuladores y redefinir la figura del interlocutor de nudo

Según añaden estas mismas fuentes, detrás de esta ralentización “está el interés de las eléctricas de reservarse la capacidad de  acceso que quedará libre en las zonas donde se ubican sus centrales de carbón y sus nucleares que se van a cerrar en los próximos años”. En otros casos, esta figura, que deben promover las comunidades autónomas nisiquiera existe y cuando el inversor, que no cuenta con interlocutor, acude directamente a REE, esta se lava las manos. 

Avales

Tampoco los avales que impone la actual normativa (40.000 euros/MW) han logrado disuadir a los especuladores. Aunque lógicamente el inversor quiera posicionarse de cara al futuro solicitando puntos de conexión sin los cuales su proyecto no tendría sentido, en el sector coinciden en que detrás de la mayoría de las solicitudes no hay ningún proyecto concreto, sino la intención de revender en el futuro el derecho de enganche. 

  A principios de junio del año pasado, después incluso de la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez, el Ministerio de Energía, que dirigía Álvaro Nadal, envió su última iniciativa legislativa a la CNMC: un real decreto que definía los derechos y permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas. Tras el trámite de audiencia en el que las afectadas dieron sus opinión, el organismo elaboró el informe preceptivo y lo remitió al Ministerio para la Transición Ecológica, que siempre lo consideró prioritario. Sin embargo, razones ajenas a su voluntad, han impedido al departamento que dirige Teresa Ribera dar luz verde a la norma. Y es que una parte del contenido del decreto pasó a ser potestad de la CNMC cuando, en enero, un RDL  reconoció al supervisor  las competencias que le había hurtado el Gobierno del PP.

Para sacar a los especuladores de este mercado y modificar el papel del interlocutor único que evite  el bloqueo a quienes de verdad cuentan con un proyecto real, el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado un proyecto de real decreto que se compromete aprobar si el resultado electoral resulta favorable al actual Gobierno. Una norma que se complementa con la circular que sobre esta cuestión aprobará en mayo la CNMC y quizá, con algún decreto ley, ya que hay  medidas sobre la cuestión que requiere de una norma con  rango de ley.

A la vista de que los avales no han resultado lo suficientemente caros como para frenar la burbuja, el ministerio fijaría plazos para cribar: en seis meses, el solicitante, debe contar con el título de propiedad de los terrenos; en los siguientes seis meses, presentar un proyecto y en otro plazo posterior, contar  con la declaración de impacto ambiental.

Este mecanismo de fijar límites de tiempo para la caducidad de los derechos, era una de las peticiones de las renovables (apuntaban a dos o tres años), que consideraban que un encarecimiento de los avales dejaría a los pequeños fuera.

El proyecto de real decreto incluye, entre otros,  una redefinición de la figura del interlocutor de nudo, que evite el poder que ejercen con este sistema las grandes eléctricas. Este representante sería un notario independiente, “ecuánime e imparcial”, por ejemplo, un experto en energía de la Subdelegación del Gobierno .

    

La caducidad de los derechos

La mayor parte de los conflictos para que los generadores logren puntos de acceso y conexión se dan con REE, aunque también se plantean con las grandes distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo). A todo ello, se le añade muchas veces el requisito del “trámite de la aceptabilidad”, que corresponde a REE.

El bloqueo que las asociaciones de renovables denuncian se refiere a infraestructuras de redes (subestaciones) que tienen capacidad de enganche. “Por lo tanto, las eléctricas no deben escudarse en que las redes no dan para la actual avalancha de peticiones”, aclaran fuentes del sector.

En este sentido, matizan que la potencia de eólica y fotovoltaica adjudicada en las tres subastas celebradas hasta ahora, tienen ya sus derechos de enganche. Precisamente, otro compromiso del Gobierno socialista, si gana las elecciones, es realizar este año una nueva subasta

Para liberar capacidad de conexión, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé incluir en el real decreto que regulará el acceso a las líneas, la caducidad de los derechos adquiridos en la última década para proyectos que no se han ejecutado. Aunque los afectados piden una prórroga, los nuevos inversores consideran que la medida serviría “para limpiar el mercado”, señalan fuentes empresariales.