EE.UU. avisa que ninguna compañía estará exenta de su política hacia Cuba
El próximo 2 de mayo, se activarán en su totalidad la ley Helms-Burton que permitirá reclamar activos confiscados por el castrismo
El Gobierno de EE.UU. avisó hoy que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de su nueva política hacia Cuba, que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución.
"No habrá excepciones", afirmó en una rueda de prensa la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que, a partir del 2 de mayo, se activarán los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, unas provisiones que han estado congeladas desde su aprobación en 1996 debido a la oposición del bloque europeo. "Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio", ha dicho Pompeo.
Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en EEUU contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras
en la isla. En concreto, la aplicación del Título III permitirá a los estadounidenses,incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana.
Entretanto, la aplicación del Título IV restringirá la entrada en EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con dichas propiedades.
Pompeo argumentó que el "comportamiento de Cuba en Latinoamérica socava la seguridad y estabilidad de los países en la región" y puso de ejemplo el apoyo que supuestamente la inteligencia cubana está prestando al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, sujeto a una campaña de presión por parte de Washington. "Tristemente, la mayor exportación de Cuba estos días no son puros, ni ron, es la opresión", subrayó Pompeo.
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha subrayado este miércoles que el Gobierno de España va a estar "absolutamente" respaldando a las empresas españolas en Cuba después de que Estados Unidos haya abierto la puerta a reclamar las propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha señalado que entiende que Europa también va a respaldar, junto a España, a las empresas que están teniendo sus actividades comerciales legítimas y bien organizadas en Cuba o en otros países.
España y otros países habían pedido en las últimas semanas al Gobierno de Trump que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, algo que podría afectar a compañías españolas, como el grupo hotelero Meliá.
En este contexto, las autoridades de la Unión Europea se han comprometido a proteger los intereses de sus empresarios en Cuba y les han instado a "contraatacar" si son demandados por compañías de Estados Unidos.
"Tenemos una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas estadounidenses", según ha declarado el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, en una rueda de prensa en La Habana.
El título III se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante tribunales de Estados Unidos a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Los activos expropiables
La entrada en vigor del Título III de la ley Helms-Burton permitirá reclamar en los tribunales estadounidenses propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la revolución de 1959 y demandar por daños a compañías extranjeras que han invertido en bienes comerciales expropiados en la isla.
Estas son algunas de las simbólicas propiedades y empresas expropiadas y que estadounidenses y cubanos nacionalizados podrían reclamar ante los tribunales de EEUU, según el exiliado y activista cubano Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano y directivo de la Asamblea de la Resistencia.
- El Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, así como la aerolínea Cubana de Aviación, eran propiedad del cubano José López Vilaboy, fueron nacionalizados tras el triunfo de la revolución.
- El muelle de cruceros en el puerto de La Habana, donde atracan actualmente los cruceros turísticos, era propiedad de la familia Behn. Uno de sus herederos, Mickael Behn, de nacionalidad estadounidense, presentó ante un tribunal de EEUU una reclamación certificada por expropiación forzosa en 1960.
- El puerto de Santiago de Cuba, el segundo más importante de la isla, pertenecía a las familias García Bengoechea y Badún y fue confiscado por el Gobierno cubano tras el triunfo de la revolución.
Uno de los herederos de la primera familia, Javier García-Bengoechea, demandó en 2017 a una empresa china por un proyecto de construcción en el citado puerto.
- La playa de El Salado, situada al oeste de La Habana, era propiedad de la familia Castillo-Pokorny y en la actualidad alberga proyectos para edificar condominios y campos de golf en asociación con la cadena española Globalia.
- Las playas de Gibara y Yaraguanal, situadas en la provincia de Holguín, fueron antes de su nacionalización propiedad de la familia Sánchez-Hill. Hoy cuentan con oferta hotelera del grupo militar Gaviota, que controla buena parte del estratégico sector del turismo en Cuba; de Blau Costa Verde Beach Resort, de capital español, y Fiesta Americana Holguín Costa Verde.
- La Destilería Santa Cruz del Norte fue expropiada a la familia Carrillo-Albornoz y la cervecera Tropical a la familia Blanco Herrera.