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Las empresas de juego avisan del cierre de 220 locales con la nueva ley madrileña

El borrador prevé fijar una distancia mínima de 100 metros a los colegios y obligará a contar con una persona que regule el acceso

Casa de apuestas en Madrid
Casa de apuestas en MadridPablo Monge

El borrador que prepara la Comunidad de Madrid para regular los salones de juegos y las casas de apuestas ha levantado en pie de guerra a las empresas del sector. Este texto, que el Ejecutivo que preside Ángel Garrido prevé aprobar a finales de abril o principios de mayo, fija una distancia mínima de 100 metros entre estos establecimientos y los centros de enseñanza, con el fin de establecer un perímetro de seguridad para evitar que los menores accedan a estos locales. “Si se aplica supondría el cierre de 140 salones de juego y de 80 casas de apuestas y la pérdida de 1.400 empleos”, aseguró Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, la patronal que engloba a las principales compañías del sector, como Cirsa, Codere, Recreativos Franco o el Grupo Orenes. Esos 220 locales que se verían abocados al cierre suponen una tercera parte de los 653 que actualmente hay censados en la Comunidad de Madrid. El director general de Cejuego cargó contra la posible aplicación con carácter retroactivo de la norma y criticó la falta de seguridad jurídica para las empresas, que han invertido entre 150.000 y 300.000 euros para la apertura de un local, en función de los metros cuadrados del local.

Ese no es el único detalle que ha soliviantado a las empresas de juego. El borrador también establece la obligatoriedad de contar con una persona de forma permanente que regule el acceso a los locales con el fin de evitar el acceso a los menores. “Es un incremento de plantilla inasumible para el 25% de los locales, que tienen una superficie de entre 50 y 60 metros cuadrados, y que en la actualidad cuentan con un solo empleado. Ese requisito supondría duplicar su plantilla, algo inasumible para su cuenta de explotación y que conllevaría el cierre”, aseguró Juan Lacarra, secretario general de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar). En su opinión, este requisito es inaceptable porque exige a locales pequeños estándares de seguridad mayores que los de un casino. “Pedimos que el control de admisión sea similar al de los bingos, con la posibilidad de que se realice por medio tecnológicos homologados, que son plenamente eficaces y eficientes”, resaltó.

El texto obligará a contar con personal para controlar el acceso a los locales

Ambos directivos cargaron contra la criminalización del sector del juego y consideraron que esa mala imagen se debe al aumento de la publicidad y no al incremento del uso de los salones de juego y de las casas de apuestas. “Se juega un 31% menos que antes de la crisis”, remarcó Landaluce, quién recalcó que el sector está comprometido con los principios de tolerancia cero con el acceso de los menores. “Nuestro objetivo no es situar los locales al lado de los colegios. Los criterios que utilizamos para decidir donde instalarnos es la localización, ya que debe ser un sitio con tránsito de personas y con visibilidad”, aseguró. De hecho aseguró que se han realizado 23.000 inspecciones en Madrid, en las que solo se han detectado la presencia de 22 menores.

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