Batet reparte 32,3 millones entre funcionarios del Estado y personal laboral
El nuevo convenio de los empleados laborales contempla una subida lineal de 280 euros anuales
El Ministerio de Función Pública firmó ayer con los representantes sindicales el nuevo convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a casi 40.000 trabajadores. El texto contempla una subida lineal de 280 euros anuales con efecto retroactivo desde enero y ha sido ratificado por los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y CIG. El alza será mayor para las categorías más bajas, del 9%, y llegará al 14% en 2020.
El convenio contempla un alza del salario mínimo que afecta a unos 10.000 trabajadores, según los cálculos de UGT. La categoría más baja tendrá así un salario mínimo de 1.071 euros para el personal laboral de nuevo ingreso y sin ningún tipo de cualificación.
El acuerdo contempla la posibilidad de que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada a partir de 2021, busca la homologación del personal laboral con el funcionario y facilita la movilidad. Tendrá un coste de 25 millones de euros, de los que 10,175 se financiarán con fondos adicionales aprobados para el periodo 2018-2019.
Función Pública acordó también con los sindicatos el reparto de unos fondos adicionales destinados a planes de mejora de la productividad o eficiencia, revisión de complementos específicos y homologación de complementos de destino de los funcionarios. Batet selló este convenio también con los representantes sindicales, aunque en este caso CSIF se levantó de la mesa de negociación. El sindicato tildó los 32,28 millones de euros que se repartirán hasta 2020 de "cheque electoral" improvisado y criticó que el acuerdo fuera zanjado en pocas reuniones y que solo tendrá efecto en un número limitado de funcionarios de la Administración General del Estado. En concreto, afectará a cerca de 54.000 funcionarios de los más de 250.000 que hay.
Los fondos adicionales servirán para mejorar el complemento de destino en los puestos dedicados a la atención ciudadana, a fijar unos niveles de destino mínimos (17,2 millones) –que benefician especialmente a Instituciones Penitenciarias– y a simplificar la actual estructura de retribuciones.