La abogacía hace balance de sus retos y reafirma su papel en la democracia

El sector exige garantizar un derecho de defensa de calidad y ponen en valor la mediación y el arbitraje

Mesa de debate Derecho de defensa: la abogacía ante los nuevos equilibrios locales y globales, en la que intervenía José María Alonso, decano del ICAM.
Mesa de debate Derecho de defensa: la abogacía ante los nuevos equilibrios locales y globales, en la que intervenía José María Alonso, decano del ICAM.

Si de algo sirve concentrar a la élite del derecho en un mismo espacio es precisamente para hacer balance, compartir ideas y trazar líneas de actuación ante los nuevos retos. Y así lo ha hecho la abogacía en el marco del World Law Congress, un evento cuyo propósito ha sido reafirmar el papel de los operadores jurídicos para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de derecho y la democracia.

“El 80% de los ciudadanos en Estados Unidos no tiene acceso a un abogado especializado en un área concreta según sus necesidades”. Así comenzó su exposición Hilarie Bass, abogada, expresidenta de la American Bar Association (ABA) y presidenta del Bass Institute for Diversity and Inclusion, para fijar uno de los más importantes retos globales a los que aún se enfrenta la abogacía en pleno siglo XXI.

Bass citó un estudio que afirma que el 81% de los letrados en EE UU, en algún punto de su carrera, ha ofrecido sus servicios gratuitamente. A esto se suma que el Estado solo presta asesoramiento jurídico gratuito en los procedimientos criminales y solo cuando hay posibilidad de cárcel. “Como líderes en esta profesión, tenemos un reto enorme para garantizar la calidad de nuestras democracias”, reivindicó.

A esta lucha se unió también la decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, quien defendió que es la abogacía la encargada de dar forma jurídica a estos retos y que corresponde a los colegios de abogados “garantizar el acceso a la justicia de los más necesitados, de calidad y prestigio”, algo que “debe llegar a todos los países”. No obstante, la decana fue más allá y exigió un pacto de Estado para la justicia que garantice este derecho de los ciudadanos en todo nuestro país.

Estas exigencias se plantean en un momento en el que aún no existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley del derecho de defensa, algo que lleva demandando el sector mucho tiempo y cuya propuesta sigue guardada en un cajón. “Hace falta que se regule para poder exigirlo”, reivindicó Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, convencido de su necesidad para “eliminar la interpretación arbitraria de quien investiga, instruye y legisla”. Además, extendió sus críticas a la controversia que existe en torno al secreto profesional: “Parece mentira que a estas alturas tengamos que defenderlo”.

Otro de los retos expuestos fue el de dignificar el turno de oficio. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), apeló a la labor de los más de 46.000 abogados de oficio que hay en España. “Realizan una labor de defensa que es aceptada por un 86% de usuarios de la justicia gratuita”, explicó.

Resolución extrajudicial

Ampliar el abanico de métodos de resolución de conflictos en la cultura de la ciudadanía es un desafío también para el abogado y la administración de justicia. Y es que el derecho de defensa “se puede ejercitar muy eficazmente a través de los métodos alternativos como la mediación y el arbitraje”, en opinión de José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), a quien le parece relevante el desarrollo de estos métodos.

Pese a reconocer que los clientes suelen llevar peor perder una causa arbitral que un pleito, asegura que siempre ha encontrado en el arbitraje “una mejor solución para defender a sus clientes que en la jurisdicción ordinaria”. “El arbitraje internacional no es una opción, es una necesidad”, sentenció.

En este sentido, el presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el francés Alexis Mourre, subrayó la función del arbitraje internacional como “un verdadero sistema judicial que trasciende los órdenes jurídicos nacionales”.

Esteban Peralta, jefe de la sección de apoyo a los abogados de la Corte Penal Internacional, hizo hincapié en la inexistencia de un colegio de abogados como órgano regulador de la actuación de los letrados en la institución. Además, alertó del desequilibrio en la representación de la mujer abogada en la Corte. “De toda Latinoamérica tenemos a siete personas en la lista de abogados autorizados a actuar ante la Corte, ninguna es mujer y solo una es de Venezuela”, declaró.

La argentina Mónica Grill, presidenta de la World Jurist Association para Latam y el Caribe, instó a los letrados a revalorizar su estrategia con el cliente ante el surgimiento de las nuevas tecnologías y el fácil acceso a internet de los usuarios antes de acudir a un abogado: “Es uno de los desafíos más importantes”.

Por último, Ángel Junquera, presidente del Colegio de Abogados de México, propuso poner el foco desde los colegios en la prevención de controversias en los más desfavorecidos, y donde el abogado tiene mucho que hacer: “Hemos bajado la problemática social un 30%”.

En definitiva, una de las frases más aplaudidas de la jornada y que mejor resume el objetivo del congreso la pronunció Javier Lara: “Sin abogados, ni hay justicia, ni Estado de derecho, ni podría existir la propia democracia”.

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