Las empresas reclaman un campo de pruebas alegal en el que poder innovar

Compañías de varios sectores quieren un ‘sandbox’ como el que vislumbra la industria financiera española

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Un sandbox, en su significado literal, es una caja de arena pensada para que los más pequeños jueguen. En la jerga empresarial, sin embargo, el término hace referencia a un espacio desregulado que sirve como campo de pruebas para que las compañías puedan probar una idea que aún no está reglada ni supervisada por las instituciones regulatorias. Hoy, España trabaja para tener listo su primer sandbox, enfocado únicamente al mundo de las fintech. “Somos conscientes, eso sí, de que estas herramientas son necesarias en todos los sectores, no solo el financiero”, aseguró ayer Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

La experta participó en una jornada organizada por la Fundación Cotec en la que se abordó la manera en la que desde el sector público puede allanarse el camino a la innovación. Porque sin esta “no hay competitividad del sector productivo. Estamos obligados a actualizar la regulación para sentar las bases de una economía más moderna”, prosiguió, después de reconocer que el panorama político de incertidumbre actual lleva a que aún no se pueda saber con exactitud cuándo verá la luz este avance regulatorio, que a priori cuenta con bastante consenso dentro del Congreso. En el caso de recibir el visto bueno, la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones serían los encargados de supervisar los proyectos.

En opinión de Fanny Solano, directora de regulación digital, retail y mercados en CaixaBank, este tipo de avances son realmente necesarios para hacer todo de forma más ágil y dinámica. “En el sector financiero llevamos mucho tiempo lanzando proyectos y frenándolos porque la interpretación de los reguladores no es favorable”, prosiguió. Estos espacios, en los que a base de pruebas piloto se puede avanzar sin chocar con el muro de la burocracia y la regulación, son una de las mejores fórmulas de sortear estos escollos, “y también de convencer a los reguladores de cómo se pueden hacer las cosas mejor”.

Que este tipo de medidas salgan o no adelante, señaló la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, demuestra si de verdad el sector público quiere ser protagonista del cambio. De hecho, “si no es capaz de ser innovador, pensamos que dejará de ser relevante”. Por eso, tal y como sugirió Ana Valero, directora de regulación de Telefónica en Latinoamérica, de vez en cuando hay que echar un vistazo al retrovisor: “La regulación puede ser necesaria, pero a veces trae límites y costes. Por eso cada tanto hay que revisarla y así adaptarla a las necesidades. Y eso lo hacemos poco”.

En América Latina, la citada empresa de telecomunicaciones está impulsando varios sandboxes que hagan más ágil la gestión de su día a día. En Colombia, por ejemplo, donde están obligados a que el contacto con el cliente se haga de forma presencial, “estamos intentando que pueda haber una interacción digital. Es algo que nos vendría bien a nosotros y al usuario, pero que hoy no está permitido. Mediante esta herramienta podemos demostrar por qué este cambio es importante”.

Otro de los sectores que reclaman mayor flexibilidad regulatoria es el de la movilidad, continuó Jaime de Rodríguez, director general en España y Alemania de Blablacar, una de las empresas que, dentro de esta industria, es “de las menos controvertidas”. De Rodríguez recordó que su compañía, que opera en 22 países, se ha encontrado con riesgos legales únicamente en España precisamente por esa falta de actualización del sistema regulatorio. Y como ejemplo a seguir puso sobre la mesa el sandbox, “aunque no sé si podría llamarse exactamente así”, que el Estado francés promovió junto a Blablacar y otras empresas con sede en París. “En un contexto de huelga de transporte, la ciudad permitió el coche compartido entre empleados para llegar al trabajo. Es un ejemplo de flexibilidad y adaptación”.

Estas fórmulas, no obstante, van más allá del sector privado. La Agencia Gallega de Innovación, GAIN, dependiente de la Xunta, es uno de los ejemplos más claros de las cosas que están haciéndose desde la Administración. “Lo hacemos a través de la compra pública innovadora”, explicó Patricia Argerey, directora de la agencia. Uno de los proyectos más llamativos es el que han llevado a cabo con drones, “que vigilan el mar, la calidad de las aguas, el control de plagas en bosques, los cortafuegos... Se crean áreas especiales en las que los drones pueden volar, y así intentar escalar más tarde la idea”.

Otra iniciativa, también con drones, es la que ha impulsado Correos, dependiente de SEPI, y que tras probar en Navarra y Baleares, terminó asentándose en Sotres (el pueblo asturiano más alto) para ayudar a llevar las cartas en invierno, cuando las carreteras se helaban. “En todos los sitios nos hemos encontrado con topes regulatorios que hacen que aún no sea posible, pero seguimos intentando desarrollarlo”, explicó Jordi Escruella, subdirector de innovación del operador de servicio postal y paquetería.