La retribución a las renovables y el pacto nuclear se la juegan
Ribera tramita una amplia batería de normas energéticas y tiene pendiente el desarrollo del autoconsumo y la rentabilidad de las renovables
En menos de ocho meses, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha impulsado más medidas en el sector energético que sus antecesores en varios años, algunas de gran calado. Así lo perciben en uno de los sectores más afectados (si no el que más) por la transición hacia una economía descarbonizada. Ribera ha contado con la ventaja de aglutinar, por primera vez, las competencias en medio ambiente y energía y de contar con un equipo que ha acelarado multitud de decisiones consciente del poco tiempo disponible.
A través de tres reales decretos-ley, el ministerio ha aprobado el bono social de la tarifa eléctrica (en situación de transitoriedad desde 2017); ha eliminado el llamado impuesto al sol y desbloqueó el autoconsumo; adoptó medidas contra el alza del precio de la luz, como la eliminación del céntimo verde al gas y otras de protección al consumidor, como la prohibición de contratar la luz y el gas puerta a puerta. Asimismo, renovó las ayudas al cierre de las minas de carbón, que caducaban el 31 de diciembre y devolvía a la CNMC la potestad para fijar las tarifas energéticas, sorteando un expediente de infracción de la Comisión Europea.
Estas medidas están en vigor, si bien, el autoconsumo (salvo para las pequeñas instalaciones de menos de 100 kW y sin excedentes que verter a la red), tiene pendiente su desarrollo reglamentario a través de dos decretos: el que regula el autoconsumo colectivo y la compensación en la facturación y el de acceso y conexión. El primero podría ver la luz, pues se tramita por vía de urgencia y ya se han presentado las alegaciones. El segundo, está parado desde noviembre, mes en que se cerró la consulta pública.
Otra cuestión son las normas con rango de ley, que requieren de trámite parlamentario, como la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto se conoció a finales del año pasado, aún no ha visto la luz. En él figuraba el polémico calendario para el fin de los coches de combustión: en 2040 dejarían de venderse y en 2050, de circular, según el texto lanzado por el Gobierno.
La intención de Transición Ecológica es aprobar un paquete del clima, con el anteproyecto de esta ley, que remitiría a las Cortes, y el Plan Nacional de Energía y Clima, que debe enviar a Bruselas para su aprobación. También quedan pendientes dos Estrategias, de Transición Justa y de Pobreza Energética), que incluye el diseño de un nuevo bono social ligado a la renta.
La medida más relevante para las renovables, que puede quedar en el aire, es la de la retribución que se les aplicará a partir de 2020, segundo periodo regulatorio que fijó en 2013 la reforma eléctrica del PP, cuya metodología implicaría, de no modificarse, un nuevo recorte de la rentabilidad de las plantas. El Gobierno de Pedro Sánchez, aprobó un anteproyecto de ley, muy aplaudido por el sector, para mantener la actual retribución hasta 2030. Un guiño también a los árbitros internacionales que juzgan más de una treintena de denuncias por parte de inversores extranjeros contra el hachazo de 2013, que se está saldando con laudos condenatorios contra España.
Una medida que quedará en el aire pero que las empresas de renovables esperan que el siguiente Gobierno respete. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que prometió un nuevo modelo de subastas de renovables, basadas en el precio, podría despedirse sin haber convocado ninguna.
Una asignatura pendiente es la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear. A finales de este mes, solo uno de sus miembros estará en situación regular (a los cuatro restantes les habrá caducado). La intención del Consejo de Ministros es hacer su propuesta y en caso de no ser aceptada por la comisión correspondiente del Congreso, donde el bloque PP-C’s no tiene el quorum necesario para vetarla y no está dispuesto a respaldarla, el Gobierno podría proceder a su nombramiento mediante real decreto.
Acuerdo atómico
El pacto con las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, para el cierre del parque nuclear entre 2027 y 2035 es uno de los logros más destacados de la ministra Teresa Ribera. La intervención del Gobierno ha sido clave para vencer las diferencias insalvables entre las titulares de las plantas para proceder a un cierre ordenado. Un desbloqueo que ningún futuro Gobierno debería desperdiciar, indican fuentes del seector.
El papel de Enresa, que prepara un nuevo Plan de Residuos Radiactivos, que podría ver la luz en las próximas semanas, es clave para determinar el coste del desmantelamiento de las centrales y si la actual tasa que pagan las empresas es suficiente. El plan actualmente en vigor data de 2006.
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