España ha incrementado un 57% el gasto en pensiones desde 2008

La partida dedicada a pagar intereses de la deuda ha crecido un 90%

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se la juegan hoy en el Congreso de los Diputados. Los partidos debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos, PDeCat y ERC y será mañana cuando se voten en un ambiente de división de las fuerzas constitucionalistas tras la fallida negociación entre La Moncloa y el Govern y la amenaza de elecciones generales en primavera. Un pulso que deja a los 84 diputados socialistas en una posición muy debilitada para lograr el apoyo a las cuentas del Ejecutivo para este año.

Una década después del arranque de la crisis económica en España las cuentas públicas han pasado por cinco años de contracción y otros tantos de recuperación paulatina. La evolución de las partidas del gasto público ha tenido un comportamiento desigual pero entre todas ellas destaca la más cuantiosa: el pago de las pensiones. Desde 2008 el capítulo destinado a abonar las pensiones se ha incrementado en un 57%, hasta los 153.864 millones de euros reflejados en el proyecto de Presupuestos para este año. Es decir, más de uno de cada tres euros del gasto público se destina a pensiones.

Detrás de este fuerte repunte está el efecto sustitución –las nuevas pensiones que entran en el sistema son mucho más elevadas que las que salen– y el envejecimiento de la población. A ello se suma el incremento provocado por la revalorización de las pensiones: hasta 2014 su subida estaba ligada al IPC interanual de noviembre. Si bien, las prestaciones mínimas y no contributivas fueron las más beneficiadas por la política del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a partir de ese año el Gobierno de Mariano Rajoy activó el factor de revalorización de las pensiones que implicó que se elevaran solo un 0,25% anual hasta 2018, ejercicio en el que subieron un 1,6% gracias al acuerdo presupuestario con PNV.

Solo hubo un año, 2011, en el que las pensiones se congelaron. La situación de las cuentas públicas, sumada a la crisis de deuda soberana que azotaba a la zona euro, forzó a Rodríguez Zapatero a adoptar la impopular decisión.

Al gasto en pensiones se sumó el del desempleo. Una de las partidas que más se elevó en los primeros años de la crisis por el repunte del paro y que se fue reduciendo conforme mejoraba la creación de empleo. Desde los máximos de 2010, el gasto ha caído un 41%, hasta los 18.400 millones.

Deuda pública

Otra de las partidas más sensibles a la crisis económica ha sido la de la deuda pública. Este año el Tesoro prevé pagar 31.400 millones de euros en intereses, según el proyecto de ley de Presupuestos. La cifra es un 4,5% superior a la del año pasado, si bien, supone un recorte de 1.500 millones a lo estimado a comienzos de 2018.

Ahora bien, si se analiza el balance desde 2008, el Tesoro español ha incrementado este capítulo del gasto en un 89%, desde los 16.609 millones que abonaba por entonces. En ese ejercicio, la ratio de deuda pública sobre el PIB era del 40,2%, nivel que ocho años después tocó el máximo del 100,8%. Ahora se sitúa en el 98,3%.

El incremento del gasto en intereses de la deuda se ha moderado sustancialmente desde los máximos que llegó a registrar en 2013 (38.590 millones). El endurecimiento de la crisis de la deuda un año antes, que llevó a España a pagar más de un 5% por colocar letras a 18 meses está detrás de ese fuerte repunte que desde entonces se ha venido reduciendo de forma gradual.

Con todo, el mayor incremento en estos años ha correspondido a la partida de política industrial y energía, que se ha incrementado en un 150% desde 2018.

Por contra, las mayores contracciones en el gasto público se han registrado desde 2008 en la política exterior (-51,6%) y en el acceso a la vivienda (-50,7%). El capítulo de inversiones en infraestructuras también ha sufrido los estragos de la crisis y acumula un recorte del 49% desde 2008.

El proyecto de ley que se debate hoy en la Cámara baja implica un aumento del gasto público del 5,3% para este año, hasta los 345.358 millones de euros. Una partida de la que el gasto social representa el 57,3% y que incluye ayudas a la dependencia, el aumento de cinco a ocho semanas de los permisos de paternidad o la oferta de 20.000 viviendas de alquiler social.

Entre las políticas de gasto, la de las pensiones registra un crecimiento del 6,2%. Contempla una subida de las pensiones del 1,6% –y del 3% para las mínimas y no contributivas–. Una revalorización cuyo futuro no depende de que el Congreso apruebe las cuentas dado que se ha tramitado y convalidado vía decreto. Lo mismo ocurriría con el alza del salario mínimo interprofesional, en vigor desde el 1 de enero.

Además, la política de servicios sociales y promoción social se incrementa en un 38,6% gracias a 831 millones destinados a la atención a la dependencia. De igual forma, la partida de acceso a la vivienda crece un 41%.

Para contrarrestar el importante incremento del gasto, y ejecutar la senda fiscal aprobada por el Congreso, que contempla una reducción del déficit público del 2,7% del año pasado hasta el 1,3%, el Gobierno fía sus cuentas a un incremento de la recaudación fiscal del 9,5%. Hacienda prevé así elevar los ingresos en 20.000 millones. De esa cifra, unos 10.000 millones estarían ligados a la mejora de la economía, otros 4.500 corresponden al mes del IVA pendiente de liquidación de 2017. Los 5.600 restantes están ligados al alza fiscal planteada para las grandes empresas y rentas y altas, así como con dos nuevas figuras tributarias: a las transacciones financieras y la tasa a determinadas actividades digitales. Dos nuevos impuestos cuya tramitación parlamentaria se realiza de forma paralela a los Presupuestos.