Adif congeló el plan de integración del AVE en 12 ciudades tras acumular 7.600 millones en sobrecostes previstos

El Tribunal de Cuentas alerta del alza en los presupuestos iniciales mientras Fomento busca alternativas

Imagen de los accesos ferroviarios a Valencia en 2005.
Imagen de los accesos ferroviarios a Valencia en 2005.

La promesa de grandes desarrollos urbanísticos en una docena de ciudades, de la mano de la llegada del AVE hasta el centro de las mismas, quedó varada por la crisis inmobiliaria y el derrumbe de la obra pública. Pero, sobre todo, se ha mostrado inviable entre sobrecostes previstos que se iban hasta los 7.637 millones de euros. Estas desviaciones estaban relacionadas con la urbanización del suelo, una obra civil en la que destacaban túneles kilométricos y a la que se fueron añadiendo elementos a ejecutar, y los costes financieros.

Especialmente alarmantes eran los sobrecostes estimados en Barcelona (546%), Alicante (395,8%) y Valencia (268%).

La cifra de los más de 7.600 millones resalta en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, hecho público a mediodía de hoy, en el que se analiza la actividad al cierre de 2016 de las 12 sociedades de integración del ferrocarril (SIF) en las que Adif cuenta con participación mayoritaria.

Estas entidades mercantiles fueron creadas entre 2002 y 2010 a la vista de que los planes para la entrada de la alta velocidad, en muchas ocasiones soterrada, liberaría miles de hectáreas urbanizables en Barcelona, Zaragoza, Alicante, Murcia, Valencia, Valladolid o Vitoria, entre otras grandes urbes. La comercialización de ese suelo y la sufragación por parte de Fomento de las obras que le correspondían, debían aflorar incluso unas plusvalías que fueronn convirtiéndose en la planificación de pérdidas.

Esas SIF tienen el 50% del capital en manos de la Administración General del Estado (Adif y Renfe, principalmente) y la mitad restante está dividida entre Administraciones locales y la autonómica en cada caso. Donde los costes iniciales de los convenios ascendían a 4.101 millones (3.878 millones de la integración ferroviaria y 172 millones en actuaciones urbanísticas, como principales partidas), la cuantía estimada al cierre de 2016 se disparaba hasta los 11.738 millones, con un incremento del 186,2%.

Entre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el informe recién publicado, la primera es la supresión de este tipo de vehículos o la modificación de los convenios “a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente previstos a las disponibilidades financieras de las sociedades”.

La crisis inmobiliaria, la falta de medios económicos de las SIF y el propio coste que iban acumulando cada uno de los planes hizo que solo un 30% del volumen de las actuaciones previstas estuviera ejecutado a finales de 2016.

Reacción de Fomento

A la vista del anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, presentó escrito de alegaciones el pasado 3 de diciembre reconociendo que los convenios de las SIF “describían las actuaciones de forma genérica” y basaban su modelo de financiación “en las plusvalías generadas por la venta de terrenos liberados de uso ferroviario”. Saura explica que el boom del ladrillo dotaba de equilibrio los presupuestos.

Pero el Tribunal de Cuentas aclara que el valor que se estimaba por los terrenos cayó desde los 5.211 millones de 2009 a 3.364 millones en 2016.

Con el fracaso de los proyectos que devino por la crisis, Adif se ha puesto en los dos últimos años a buscar “soluciones y alternativas” para hacer viable la llegada del AVE a esos grandes núcleos urbanos. Los 12 convenios comenzaron a modificarse en 2017 para favorecer su viabiidad, con lo que han ido quedando cancelados los proyectos de soterramiento. De hecho, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hizo un llamamiento la semana pasada, durante la presentación de los presupuestos de suempresa en el Congreso de los Diputados, para que las Administraciones acepten modelos seguros, pero viables, de llegada del AVE a las grandes ciudadades.

Desde Fomento se añade en la alegación remitida al Tribunal de Cuentas que el 29% ejecutado ha facilitado la llegada del AVE a Valencia (2011), Alicante (2013) o Valladolid (2007). En cuanto al desarrollo de Barcelona Sagrera, permitió en 2013 poner en servicio la línea Barcelona-Frontera Francesa.

Sin embago, la integración urbana “solo se ha cumplido en cuanto a la disponibilidad de suelos para el desarrollo del planeamiento urbano prácticamente en su totalidad en Zaragoza”, reconoce Saura en su escrito, “y parcialmente en Alicante, Logroño, Valencia y Gijón”. En el ejercicio de adaptar los proyectos al contexto económico y evitar los citados sobrecostes, Adif y sus socios en las SIF han ido formalizando nuevos convenios o modificando los vigentes en Valladoilid, Alicante, Murcia y Valencia, entre otros.

 

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