Las promotoras instan al Gobierno a agilizar la concesión de licencias

El sector avisa de que los retrasos reducen la oferta, lo que redunda en subidas de precio

El secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Pedro Saura.
El secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Pedro Saura.

Frente al problema cada vez mayor de acceso a la vivienda en las grandes capitales del país, las promotoras inmobiliarios creen esencial aumentar la oferta residencial. Por ello, en una jornada organizada ayer por la asociación de promotores y constructores de España (APCE), instaron al Gobierno a agilizar los plazos de concesión de licencias de obra. Una petición que recogió el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien detalló que el Ejecutivo se encuentra trabajando sobre un proyecto de ley que ataje esta problemática.

El número dos de Fomento aprovechó además para lamentar que el decreto sobre los alquileres no fuera convalidado el martes por el Congreso y criticó que se hubieran “juntado los extremos” –en referencia al PP y Ciudadanos de un lado, y Podemos y ERC– para no sacarlo adelante.

“En Valencia, Madrid o Alicante, las licencias de obra pueden demorarse hasta 18 meses, más incluso de lo que tarda en levantarse una promoción”, explicó ayer el presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado –y como ya avanzó CincoDías este lunes–. Una situación que, en su opinión, hace que los plazos se alarguen en exceso, lo que redunda en una menor oferta y por tanto en un incremento de los precios.

El secretario de Estado reconoció que ese “problema de raíz” podía afectar a la oferta y confirmó que el ministerio trabajaba junto con el Consejo Superior de Arquitectos y los propios técnicos municipales para encontrar la manera de agilizar estos procesos. Gómez-Pintado llamó a modernizar y digitalizar todavía más la Administración y puso como ejemplo de éxito el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

La complejidad de la limitación de precios


Riesgo de reducir la oferta. El número dos del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, subrayó ayer la “complejidad desde un punto de vista legislativo y técnico” de limitar los precios del alquiler. La decisión del PSOE de no incluir esta medida en el decreto de medidas urgentes sobre vivienda fue la principal razón por la que Unidos Podemos tumbó el texto en el Congreso este pasado martes. Tras participar en la jornada de la APCE, Saura dijo que para sacar esta medida adelante es preciso “un sólido estudio jurídico y económico”, porque de lo contrario, avisó, “podríamos generar un problema mayor que desincentive la oferta”.

En esta misma línea, la vicepresidenta de la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, pidió reducir las cargas burocráticas ligadas a las promociones residenciales, y destacó que, en el caso de las viviendas de protección oficial (VPO), los procesos, lejos de simplificarse, “se duplicaban”.

Para conseguir una política de vivienda “efectiva”, Roca también alentó al Gobierno a hacer un inventario de todo el suelo público para saber exactamente de cuánto se dispone para vivienda social. Pidió además reducir su fiscalidad, e incrementar el parque de casas en alquiler. Para ello, dijo, era “necesario atraer a fondos de inversión” y lamentó que el “ruido social” hubiera “hecho daño a la atracción de capital privado”.

La secretaria de Estado de Vivienda, Helena Beunza, destacó el empeño del Gobierno en virar la política de vivienda protegida hacia un modelo centrado en el alquiler y ya no en la propiedad y citó, a tal fin, el plan de 20.000 viviendas que la empresa pública Sepes construirá, con la vista puesta en “replicar ese modelo en futuras colaboraciones publico-privadas”. El reto, dijo Beunza, está en ofrecer “una estructura jurídica y fiscal lo suficientemente atractiva” para que el sector privado entre en el mercado del alquiler asequible.

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