Santander recurre su imputación como heredero de Popular
El banco habla de la firma intervenida como dos entidades distintas, el "antiguo" banco y el "nuevo"
omo ya anunciara la semana pasada, Santander ha recurrido la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de imputarle en el caso Banco Popular por heredero de la responsabilidad penal por haberlo comprado. El banco ha presentado un escrito en el que sostiene que la entidad que adquirió no es la misma que aquella donde presuntamente se cometieron los delitos que se investigan, porque aquella había “muerto” jurídicamente: ya se había ordenado su resolución y tanto el capital como la cúpula habían cambiado. El banco habla de dos entidades diferentes de Popular, la “antigua” y la “nueva”.
La entidad pide que se le revoque dicha condición por ser contraria a los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad que contemplan la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y afirma que la única responsabilidad derivada posible sería civil subsidiaria.
Santander recuerda que la resolución de Popular fue decisión de la JUR que, “en protección de relevantes intereses generales”, acordó el 7 de junio de 2017 “la creación de una nueva realidad para venderlo a un tercero”. “No se trata de una modificación voluntaria, sino de un cambio estructural forzoso y dictado desde las autoridades públicas”, recoge el escrito al que ha tenido acceso CincoDías. Y añade que evitó “el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Popular”.
“El FROB saneó el antiguo Popular y modificó su estructura de propiedad para generar un capital que el propio FROB pudiera vender a un tercero. Estas medidas suponen una clara e indiscutible quiebra de la personalidad del antiguo Popular, en cuyo seno se habrían cometido presuntamente los delitos objeto de la presente instrucción. Como consecuencia de la resolución, nació un nuevo Popular,” dice el recurso.
Santander apela al antecedente de Banco de Valencia, en el que el juez Santiago Pedraz rechazó imputar a CaixaBank como sucesora por delitos cometidos por quienes fueran administradores de la entidad levantina.”