Banca

La Audiencia Nacional imputa al Santander por la gestión de Ron y Saracho en el Popular

El juez introduce al Santander en la causa como heredero de la responsabilidad de Popular

La Audiencia Nacional imputa al Santander por la gestión de Ron y Saracho en el Popular

La Audiencia Nacional ha decidido imputar al Banco Santander por la gestión del Popular antes de que lo adquiriese por un euro en junio de 2017. En concreto, el juez Jose Luis Calama, que instruye el caso, ha decidido investigar la gestión de Emilio Saracho y Ángel Ron al frente del banco. Pese a ello, la entidad mantiene las alzas en Bolsa, de un 0,3%.

El auto explica que la imputación del Santander se produce una vez que el banco presidido por Ana Botín inscribiese en el Registro Mercantil la fusión por absorción del Popular. Y que el Código Penal establece que "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue de su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad al que se transforme". De este modo, el Santander hereda con el Popular su responsabilidad penal por unos hechos ocurridos cuando estas eran dos entidades eran independientes.

El magistrado acuerda imputar al Santander por ser la entidad que absorbió el Popular una vez este había quebrado. De este modo, el banco presidido por Patricia Botín 'hereda' la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los gestores del otro banco, que ya no existe como persona jurídica.

Las pesquisas del juez tratan sobre la ampliación de capital acometida en 2016. Y en la que podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

En junio de 2017, la Junta Unica de Resolución (JUR) decidió liquidar  el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación,  ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y  posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro. 

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas  contra los expresidentes del Popular Angel Ron y Emilio Saracho, sus  respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

No es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que asumir responsabilidades de la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado. También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas  de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.

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