PSOE y PP paralizan desde mayo un pacto para eliminar el déficit de las pensiones

Báñez y Valerio pactaron un plan a cinco años, pero la moción de censura y los acuerdos parlamentarios impideron que viera la luz

Fátima Báñez, ex ministra de Empleo del Gobierno popular (izquierda) junto a Magdalena Valerio, actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Ejecutivo socialista, durante el traspaso de la cartera.
Fátima Báñez, ex ministra de Empleo del Gobierno popular (izquierda) junto a Magdalena Valerio, actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Ejecutivo socialista, durante el traspaso de la cartera.

No todo han sido desencuentros entre el PP y el PSOE. La pasada primavera, en medio de las protestas protagonizadas por los pensionistas en defensa del mantenimiento de su poder adquisitivo y a pesar de las agrias discusiones que se vivían en el seno d la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones, hubo un resquicio de acuerdo entre los dos principales partidos.

Según fuentes conocedoras de esta negociación, la entonces ministra de Empleo del Gobierno popular, Fátima Báñez, y la actual ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio negociaron personalmente y llegaron prácticamente a cerrar un acuerdo para acabar con el abultado y creciente déficit de la Seguridad Social, que ya superaba los 18.000 millones de euros al año.

Se trataba de un plan a desarrollar a lo largo de cinco años para cerrar de forma progresiva la brecha entre ingresos por cotizaciones y gastos que se genera año a año desde 2011. Estos números rojos se han ido financiado hasta hace dos años con el fondo de reserva de la Seguridad Social, que ya se ha quedado prácticamente vacío –apenas quedan 5.000 millones desde los 67.000 que llegó a tener–. Pero, además, desde hace dos años el Gobierno ha tenido que solicitar sendos préstamos al Tesoro que ya acumulan un crédito concedido de más de 25.000 millones de euros.

Conscientes de que esta situación es insostenible, el pacto entre los populares y los socialistas incluía una serie de medidas que se adoptarían de forma progresiva durante cinco ejercicios. La primera de estas medidas, que también defendió el pasado miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), consistía en sacar de la Seguridad Social la financiación de todos los gastos no contributivos que abona en la actualidad, excepto las pensiones de viudedad, que se seguirían financiando con cotizaciones.

Así dejarían de pagarse con cotizaciones y se pagarían con impuestos: los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social; las bonificaciones al empleo y las prestaciones familiares de paternidad y maternidad.

Asimismo, tanto lo recaudado por la futura tasa Google como todos los incrementos de recaudación impositiva superiores a los previstos se destinarían en exclusiva para el pago de pensiones.

A cambio, las pensiones se revalorizarían entre un 0,75% y un 1% anual –en lugar del 0,25% incluido en el factor de revalorización. Y las bases máximas de cotización y las pensiones máximas aumentarían un 10% en un periodo de entre tres y cinco años. También estuvo encima de la mesa un posible aumento de uno o dos puntos de la cotización por contingencias comunes, si bien esta cuestión no estaba cerrada del todo.

Ambas partes se comprometían, además, a respetar el factor de sostenibilidad de las pensiones –actualmente en suspenso hasta 2023– y a no derogar la reforma laboral. Si bien, el entonces Gobierno del PP aceptaba modificar 42 del Estatuto de los Trabajadores para que cuando una empresa externalizara trabajos propios de su actividad principal, los trabajadores de la subcontrata tuvieran las mismas condiciones laborales, incluidos los salarios, que los de la empresa principal.

Sin embargo, pocos días antes de que PP y PSOE planearan hacer público este acuerdo, la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno hizo que el pacto saltara por los aires. E incluso antes, este principio de acuerdo se había convertido, en parte, en papel mojado, cuando el Ejecutivo popular se vio obligado por el PNV a suspender el factor de sostenibilidad hasta 2023 y a incumplir el factor de revalorización, actualizando las pensiones un 1,6% en 2018 y 2019.

Posteriormente, con el PSOE ya en el Gobierno, los populares le reclamaron que se retomara este acuerdo, pero, siempre según fuentes conocedoras de la situación, los socialistas lo rechazaron argumentando que Podemos, socio parlamentario de Pedro Sánchez, se lo impedía.

 

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