El Ciadi obliga a Argentina a pagar 200 millones a Agbar y Suez
El tribunal desestima el recurso de anulación del país Dirime un conflicto por la gestión de agua en la ciudad de Santa Fe
Punto final al conflicto entre Agbar, Suez, Interaguas y Argentina. El Ciadi, la corte de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, ha resuelto que el Estado argentino debe abonar una indemnización de 225,69 millones de dólares (unos 200 millones de euros) más intereses por la resolución anticipada de los contratos de gestión de aguas en la ciudad de Santa Fe. Resuelve así el tercer y último arbitraje solicitado por estas compañías contra el país latinoamericano.
Agbar y Suez, junto a grupos internacionales como Vivendi o AWG entraron en el negocio de aguas en las ciudades de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tras la crisis del país en los años 2000 –que provocó la petición de auxilio financiero al FMI y la restricción de retiradas de efectivo (el corralito)–, estas empresas instaron al Gobierno argentino a negociar una subida en las tarifas que le cargaban al usuario. Algo a lo que el Ejecutivo presidido entonces por Néstor Kichnner se negó. Finalmente decidió retirar las concesiones y que la gestión del agua volviese a manos públicas.
De la mano de Vivendi, Agbar y Suez ya ganaron un arbitraje sobre el contrato que las ligaba a la ciudad de Buenos Aires. El Ciadi le impuso una indemnización de 342 millones de euros, de los que 200 los cobró Suez; 109, Agbar y los 33 restantes, Vivendi. Tanto esta corte de arbitraje en 2017 como los tribunales estadounidenses este verano desestimaron las pretensiones de Argentina de anular el proceso.
También en el pleito sobre el contrato con la ciudad de Santa Fe la corte de arbitraje ha decidido finalmente no anular el laudo que ella misma dictó en 2015, según el auto emitido este fin de semana. Esta decisión pone fin al proceso ante esta institución y complica que Argentina pueda evitar el pago de la multa. Entre ambos casos, el montante total de la indemnización asciende a los 542 millones. Queda al margen el tercer arbitraje, que afecta a la ciudad de Córdoba, en el que las partes alcanzaron un acuerdo.
Las razones del país austral para solicitar que esta vez el arbitraje fuese considerado nulo son similares a las de la ocasión anterior. En su decisión, de 83 páginas, la corte considera que ni la existencia de una cláusula en el contrato que regula su final anticipado ni el hecho de que Agbar y Suez no acudiesen a los tribunales argentinos en los 18 meses posteriores le restan al Ciadi poder de decisión en el asunto. Tampoco consideró la recusación de uno de los miembros del tribunal, la profesora Kaufmann-Kohler por ocupar un cargo en UBS, accionista de Suez mientras se dirimía el caso.
El tribunal, sin embargo, ha señalado, como ya hizo en el laudo, que Argentina ni ha expropiado a los inversores ni les negó "protección y seguridad plena", como consideran Agbar, Interaguas y Suez. Apunta a que en realidad el Estado argentino no les dio "un trato justo y equitativo" y que la crisis que el país vivió en los años 2000 no fue una situación de emergencia que le eximiese de cumplir con los tratados internacionales.