El exdirector general de supervisión del BdE, elegido para dirigir el FGD
Economía descarta una subida de las aportaciones de la banca al Fondo de Garantía
La Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de la banca acordó ayer el nombramiento de Mariano Herrera García-Canturri como director general del Fondo en sustitución de Luis Lorenzo (como adelantó CincoDías), quien deja el cargo por jubilación.
Herrera, que arrancará mandato el próximo día 27, fue el director general de Supervisión del Banco de España desde 2014 hasta febrero del pasado año, cuando dejó su posición junto a otros dos altos cargos del organismo para evitar que su citación a declarar como investigado en
el Caso Bankia afectase a la institución.
Lorenzo ha sido el director general del FGD desde que el Gobierno lo creó en 2011 con la fusión de los tres vehículos de garantía que mantenían de forma independiente la banca, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.
Precisamente, Lorenzo ocupaba la misma responsabilidad desde noviembre de 2010 en la sociedad Gestora de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), informó este organismo.
Mariano Herrera había sido nombrado a su vez director general de Supervisión en el año 2014 en sustitución de Ramón Quintana, que dejó la vacante al incorporarse a una de las direcciones generales del recién creado entonces mecanismo único de supervisión europeo (MUS).
Licenciado en Derecho y Económica, Herrera ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Banco de España. Ingresó como técnico en el banco central en 1984, dos años después se hizo inspector y luego ocuparía distintas responsabilidades, incluída la dirección general
adjunta de supervisión.
En esta comisión también se acordó no subir las cuotas que pagan los bancos al Fondo de Garantía de Depósitos, por lo menos por el momento, al considerar que "al día de hoy no es necesario". Los miembros de la comisión gestora del FGD, de hecho, aprobaron ayer el esquema de pagos fraccionados en tres anualidades de la factura correspondiente a los 4.500 millones de euros pendientes aún de los esquemas de protección de activos (epas) correspondientes a las carteras de activos tóxicos de la CAM, ahora en manos de Banco Sabadell, y de Unnim, ahora absorbido por BBVA.
La venta este año del ladrillo de ambas antiguas cajas de ahorros con epas abrió la posibilidad de que estas ayudas podrían incrementar el déficit público, sin embargo, tras casi un año de negociaciones y consultas con Europa, se ha descartado que computen, ya que la banca y Economía han aceptado que el sector pague en tres años la factura de estos 4.500 millones de euros, como adelantó CincoDías.