El Gobierno baraja que los jueces consulten a servicios sociales antes de ejecutar un desahucio

Economía aspira a impulsar este año el defensor del cliente financiero y estudia ampliar el plazo de un año que le resta para privatizar Bankia

Oficinas de Bankia en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Oficinas de Bankia en el Paseo de la Castellana de Madrid.

El Gobierno tiene en su agenda una serie de medidas de ámbito financiero que afectan a la regulación hipotecaria, la protección de los clientes bancarios y la prevención de nuevas crisis. La más novedosa es la de evitar que las familias más vulnerables que sean desahuciadas por orden judicial queden a la intemperie.

Más allá de la reforma de la ley de crédito para la compra de vivienda que el Congreso de los Diputados está ultimando, y que elevará el volumen de impagos necesario para que el banco pueda solicitar la ejecución del préstamo, el Ejecutivo está explorando la posibilidad de que los jueces que vayan a autorizar un desahucio tengan la obligación de abordar primero con los Servicios  Sociales si los afectados que no tengan otra alternativa pueden ser realojados en algún tipo de vivienda social. Una medida que el Ministerio de Justicia está explorando, según reveló este miércoles la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en un desayuno informativo organizado por Europa Press. En este sentido, el Ministerio de Fomento está analizando cómo ampliar el parque de inmuebles sociales para este fin, apuntó la ministra.

En paralelo, subrayó Calviño, la reforma hipotecaria también incluirá el protocolo de medidas antidesahucios recogido en el Código de Buenas prácticas ideado por el Gobierno anterior, que recoge la posibilidad de acordar una refinanciación o explorar una dación en pago (entrega de la vivienda para saldar toda la deuda hipotecaria) antes de ejecutar el préstamo.

Por otra parte, la responsable de Economía aseveró que su intención es aprobar antes de final de año la nueva oficina de protección del cliente financiero ‑“no solo bancario”, matizó‑ que debía estar en marcha desde julio. Esta atenderá las quejas de los consumidores, vigilará los abusos bancarios y podrá emitir dictámenes vinculantes para las entidades, frente a las meras recomendaciones que hace hoy el Banco de España, para evitar que el grueso de casos acabe en los tribunales como ocurre actualmente.

Además, Calviño recordó que el Gobierno está ultimando la nueva autoridad de vigilancia macroprudencial que liderará ella misma de la mano del supervisor bancario y el de los mercados (CNMV). El Consejo de Ministros de mañana dará los primeros pasos para impulsarla este mismo ejercicio. Su objetivo, expuso la ministra, es evitar que se pueda producir otra crisis como la de 2008 revisando la imagen del conjunto de riesgos crediticios de todo el sector bancario más allá del análisis individual de cada entidad que siga haciendo el Banco de España. En su mano estará encender las alertas cuando considere que se están concediendo préstamos a colectivos que serían insolventes de llegar otra recesión, por ejemplo.

En este ámbito, Calviño avanzó que de momento lo que se espera es que el Banco Central Europeo normalice la política de tipos a partir del próximo año para acompañar la recuperación económica.

La privatización de Bankia 

Por otra parte, Calviño, ha reconocido que la principal herramienta con que cuenta el Estado para recuperar parte de las ayudas es la privatización de Bankia. De momento, el Banco de España estima que apenas serán recuperables unos 14.000 millones de los 64.000 inyectados a la banca española. Bankia abre la puerta a elevar esa cifra, pero Calviño ha señalado que el precio de cotización actual no permite plantearse la venta de un nuevo paquete de acciones.

Aunque el Gobierno solo tiene de plazo un año más para privatizar Bankia, Calviño ha admitido hoy que se planteará si es necesario ampliar el plazo previsto, como ya hizo el Ejecutivo anterior, para evitar que esa premura sea usada por especuladores del mercado.

Calviño no ha querido señalar que precio de venta considera óptimo, pues la privatización del último paquete del 7% del capital a 4,06 euros por acción no puede servir de referencia, ha sostenido, ahora que se tratará de colocar "una participación de control".

La ‘tasa Google’ y el libro blanco

El nuevo impuesto. La ministra de Economía confirmó este miércoles que el Gobierno prevé aprobar “en las próximas semanas” el nuevo impuesto sobre las actividades digitales (también llamado tasa Google) pese a que “no hay acuerdo a nivel europeo, ni global, como sería deseable” para poner en marcha un gravamen concertado sobre estos nuevos negocios.

El futuro del ICAC. Nadia Calviño anunció que el Gobierno está elaborando un “libro blanco” sobre la gobernanza de las instituciones económicas del país parar mejorarlas y recuperar la confianza de los ciudadanos en los organismos públicos. El plan podría incluir desligar el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de su Ministerio.

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