DigitalES pide al Gobierno que posponga la aprobación del nuevo impuesto digital
La patronal tecnológica presenta sus alegaciones y pide que se evite la “doble imposición” Reclama mayor concreción sobre los servicios que serán gravados
La patronal tecnológica DigitalES ha pedido al Gobierno que posponga la aprobación del nuevo impuesto digital, en línea con la UE, pues en caso contrario, dice, “pondría a las empresas que operan en el mercado español en peor condición”. Para la asociación, que ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, cuya audiencia pública acaba de finalizar, España “se queda sola” en la tramitación de este impuesto que “ya no responde ni al consenso ni a la urgencia que la Unión preveía en su momento”.
Ello teniendo en cuenta el nuevo escenario en la UE, después de que Francia y Alemania hayan propuesto aprobar la tasa digital pero no aplicarla hasta 2020. “La adopción de medidas unilaterales nos llevará a un escenario subóptimo, con un impacto negativo en el comercio y la inversión mundiales”, ha resaltado la asociación, que insiste en que “la adopción de medidas provisionales y unilateral debe ser la última opción, y siempre con cautelas”.
DigitalES ha reclamado igualmente que, en caso de que su tramitación continúe, se evite la doble imposición que "va a suponer para numerosas empresas asentadas en España", y que haya una mayor concreción sobre los servicios gravados. La patronal critica que entre las actividades gravadas por este borrador se habla de “servicios de transmisión de datos” y no de “la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios” que recoge la propuesta de la directiva.
“La diferencia de matiz es notable y supone desconocer que la trasmisión de datos es una actividad central del negocio, por ejemplo, de las telecomunicaciones”, aclara Alicia Richart, directora general de DigitalES. En opinión de la patronal, la norma actualmente en discusión deberá definir esta cuestión de manera que no expanda el hecho imponible a datos que no han sido generados por la actividad del usuario. Así advierten que sectores como el de la automoción y el coche conectado podrían verse afectados, "penalizando negocios con un alto componente de innovación”.
La asociación también apunta que la memoria económica hace referencia a una recaudación estimada donde especifican que las empresas de telefonía aportarían unos 100 millones de euros, resultantes de considerar que un 10% de sus operaciones puedan estar sujetas a este tributo. "Es difícil adivinar la lógica para llegar a esa cifra que nada tiene que ver con el porcentaje de negocio de estas empresas, a no ser que dichas actividades resulten suficientemente difusas para estar sujetas a interpretación del órgano tributario y, por tanto, supongan más un elemento recaudatorio en empresas que ya están tributando por el conjunto de sus ingresos, que una medida para corregir la no tributación de otras entidades”.
La patronal resalta igualmente una disposición final tercera que establece que los umbrales cuantitativos, los supuestos de no sujeción o el tipo impositivo “podrán ser modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Para DigitalES, “no es de recibo que una ley de este calado pueda ser modificada anualmente según los intereses políticos o necesidades presupuestarias de cada momento. Una arbitrariedad que sepulta cualquier principio de seguridad jurídica, eficacia, proporcionalidad y transparencia, además de dejar en muy mal lugar la imagen de España en el exterior", asegura Richart.
El Ejecutivo: "El impuesto va en línea con la posición de la UE"
El Gobierno ha contestado por escrito a una pregunta parlamentaria escrita de Unidos Podemos sobre la 'tasa Google' en la que da por hecha la aprobación de este gravamen y que España "será el primer país de la UE" que hace realidad el acuerdo comunitario en torno a este impuesto, informa Servimedia.
En la respuesta a la diputada Yolanda Díaz, el Ejecutivo afirma que el anteproyecto de ley que vio el Gobierno el pasado 19 de octubre por el que se crea el Impuesto sobre determinados servicios digitales, "se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI".
"Este anteproyecto de ley va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por esta propuesta de directiva".
La respuesta recuerda que las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.
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