El Gobierno quiere convertir en obligatorio el Código de Buenas Prácticas Bancarias
Calviño ha anunciado su intención de que este texto tenga rango legal El Código ha beneficiado a 54.800 deudores hipotecarios desde 2012
El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.
Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.
Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.
Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.
"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.
Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.
La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.
Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
Esta tarde se publicará el XII informe semestral sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, en el que se detallarán los datos adelantados por la ministra.