La CNMC reclama mejoras en el gran contrato de telecos del Estado

La licitación supera os 466 millones

Pide cambios en los lotes, solvencia económica y criterios de adjudicación

Sede de la CNMC.
Sede de la CNMC.

La CNMC ha reclamado mejoras en el gran contrato de los servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE), actualmente en marcha y que supera los 466 millones de euros. En un comunicado, la autoridad reguladora ha señalado que, debido a su elevada cuantía, “es prioritario respetar los principios normativos de la competencia y justificar la toma de decisiones cuando se elaboran los pliegos”.

Entre otras mejoras, la CNMC señala que la división y el tamaño de los lotes que se plantea suponen una limitación de oferentes en la licitación, especialmente debido a las fuertes barreras de entrada relacionadas con los criterios de solvencia. “Su redefinición favorecería la presencia de un mayor número de licitadores”, dice.

Además, señala que las exigencias de solvencia económica y financiera, así como las condiciones y períodos de provisión de información detallada por parte de cada sede de la AGE, pueden suponer un obstáculo significativo para cierto perfil de operadores.

En relación a los criterios de adjudicación, la CNMC indica que no son los más idóneos para seleccionar a los adjudicatarios, especialmente si se considera la fuerte incidencia en la competencia que tiene la contratación de servicios de telecomunicaciones por parte de la AGE.

Asimismo, con respecto a la duración del contrato, la CNMC recomienda fundamentar la duración prevista y justificar de forma razonada las prórrogas que excepcionalmente pudieran aplicarse.

El regulador recomienda elaborar un diagnóstico de situación del mercado y realizar una verdadera estrategia de contratación de forma que se licite de manera más eficiente. “El análisis de la ejecución del contrato de servicios consolidados en vigor es, de hecho, uno de los elementos imprescindibles en esa tarea”, destaca.

Por último, la CNMC recomienda reforzar el grado de conocimiento de la normativa de competencia, explicitada en los propios pliegos del contrato, así como el compromiso de los operadores en la lucha contra conductas anticompetitivas.

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