Sindicatos, partidos y asociaciones judiciales critican la falta de seguridad jurídica por las dudas del Tribunal Supremo
Una asociación judicial pide la dimisión de Díaz Picazo, presidente de la Sala Tercera El sindicato de letrados también critica la nota del viernes
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Alvarez y Unai Sordo, respectivamente, han cargado este lunes contra la "chapuza nacional" del Tribunal Supremo tras convocar al pleno para el próximo 5 de noviembre para aclarar el tema de las hipotecas tras el fallo que fija que la banca debe correr a cargo de este impuesto. Para Pepe Álvarez se trata de un tema que "preocupa y abochorna" y que deja la credibilidad de la justicia del país "bajo mínimos" por lo que ha llegado a dudar de la independencia de los tribunales tras la "llamada telefónica de los poderes fácticos del país", en referencia a la banca.
En su opinión, la decisión ahora de convocar una sesión plenaria para analizar la sentencia del Tribunal Supremo "abochorna" ya que deriva en un sistema pensado para los poderes y no para los ciudadanos, como se ha demostrado en el tema hipotecario desde el principio. "Esto es demasiado gordo", ha exclamado Alvarez en un llamamiento a la necesidad de pensar en la mayoría de los ciudadanos y no en los bancos.
Similar opinión ha manifestado el máximo dirigente de CCOO quien ha trasladado una sensación de "chapuza nacional" que deja entrever que la justicia se mueve por los intereses de parte en una imagen que este país "no se merece", ha advertido. Sordo ha pedido al Supremo que rectifique y se aclare en su marcha atrás para recordar que si hay una sentencia hay que cumplirla.
Críticas en el mundo judicial
La tormenta judicial provocada por la sentencia ha provocado que la asociación Juezas y Jueces para la Democracia solicite la dimisión de Díez-Picazo por su "nefasta gestión" del caso. En un comunicado, ha señalado que no existen precedentes de esta "insólita actuación" de Díez-Picazo, prosigue el comunicado, que ha generado "incomprensión y mala imagen" para la administración de justicia, con su "nefasta gestión" de un asunto "del que es único y exclusivo responsable".
La asociación recuerda a Díez-Picazo que él mismo firmó en enero de este año un auto en el que se reconocía que se había abierto "un debate doctrinal" sobre un asunto "que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso".
Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ha mostrado, en un comunicado, su "perplejidad y desacuerdo" con la suspensión de los señalamientos, al entender que lo correcto "debe ser la continuación" de todos los recursos pendientes. En su opinión, la repercusión económica y social alegada por el Supremo el pasado viernes "no es justificación suficiente" en tanto que "excede la misión constitucional del Poder Judicial y el principio de separación de poderes, pretendiendo asumir un papel protagonista en la dirección económica del Estado".
Falta de seguridad jurídica
Los partidos políticos también entraron a valorar la sentencia del Supremo y la posterior revisión. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado la situación de "inseguridad absoluta" que se ha producido con la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha exigido un criterio "claro" que proteja a las familias.
De este modo, Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, se ha referido a la confusión que ha generado el alto tribunal tras el fallo judicial que determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, un fallo que será ahora revisado por este el próximo 5 de noviembre.
También se ha manifestado el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha defendido este lunes la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas y ha avisado del "populismo judicial" que ha generado, a su juicio, este caso. El Supremo revisará el fallo del pasado jueves en el que determinaba que eran los bancos los encargados de abonar el importe de dicho tributo.
Izquierda Unida (IU) por su lado ha registrado este lunes en el Congreso su petición de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, comparezca en la Cámara Baja para informar de la "vergonzosa e inaudita marcha atrás" de la sentencia sobre los gastos de las hipotecas.
Garzón ya avanzó el pasado sábado que pedirían cuentas a Lesmes en sede parlamentaria durante la reunión en Madrid de la Asamblea Político y Social de IU, máximo órgano de decisión de esta formación, y este lunes lo ha formalizado junto al portavoz de Justicia de IU en el Congreso, Ricardo Sixto.
En concreto, ambos reclaman que Lesmes explique en la Comisión de Justicia "la 'paralización exprés' que el Tribunal Supremo efectuó de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas", un asunto en el que Garzón defiende que "hay que ser muy claros".
Mientras, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado este lunes el papel del Tribunal Supremo en la polémica por el impuesto sobre las hipotecas y ha concluido que es un nuevo episodio que evidencia que "el Estado de Derecho en el Estado español está tocado de muerte".
"¿Quién manda en el Estado?, ¿Los jueces son libres?, ¿Qué garantías hay en los juicios y sentencias de esta magnitud?", se ha preguntado la republicana, y ha considerado que otro ejemplo de esta mala praxis es la causa del proceso soberanista que instruye este tribunal.