Acaba el plazo para pujar por la Ciudad Financiera del Santander
El banco presidido por Ana Botín ha expresado su interés por su sede El juzgado espera hasta este viernes las ofertas en el concurso de acreedores de la sociedad propietaria
El plazo para la presentación de ofertas de mejora para adquirir la Ciudad Financiera de Banco Santander, en el marco del procedimiento de liquidación coordinado de su dueño -Marme Inversiones 2007-, concluye este viernes, según fuentes cercanas al proceso consultadas por Europa Press.
En la primera fase del proceso abierto el pasado mes de julio concurrió en la puja por este activo el propio Banco Santander, que llegó a ofrecer algo menos de 3.000 millones de euros, mostrando así su interés por hacerse con su sede. Otros dos ofertantes, los fondos AGC Equity Partners y Sorlinda Investment, también presentaron sus respectivas ofertas.
No obstante, la administración concursal encargada de aplicar el procedimiento de liquidación de activos abrió una segunda fase para que los tres interesados mejorasen sus ofertas en caso de que así lo consideraran, al no estimarse adecuadas, la cual concluye este mismo viernes.
Una vez se reciban las mejoras de ofertas, el administrador del concurso se hará cargo de las mismas para posteriormente trasladar al Juzgado Mercantil de Madrid sus resultados.
La entidad presidida por Ana Botín acordó el 12 de septiembre de 2008 la venta de sus oficinas centrales en Boadilla del Monte a Marme Inversiones 2007 por 1.904 millones de euros. Simultáneamente, el banco formalizó con esta sociedad un contrato de arrendamiento por un plazo de obligado cumplimiento de 40 años durante los que la renta, que se fijó en su momento en 6.891 euros al mes, se actualizaría anualmente de acuerdo al IPC.
El contrato incorporaba la opción de compra ejercitable por Santander al vencimiento del periodo de obligado alquiler por el valor de mercado que tuviera la Ciudad Financiera.
No obstante, Marme Inversiones 2007 se declaró en concurso de acreedores en 2014, proceso que sería aprobado por el Juzgado en octubre de 2015 y tras lo que se inició un plan de liquidación coordinada.