El Gobierno prohibirá a las eléctricas que contraten la luz “puerta a puerta”

El plan de choque de Transición Ecológica tiene en cuenta las fuertes reclamaciones por estas prácticas

Los domésticos podrán contratar su potencia por pequeños tramos, múltiplos de 0,1 kW

Adiós el "puerta a puerta"
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, durante la presentación del plan de choque energético.

El paquete de medidas de carácter urgente para aliviar la factura de la luz que avanzó la semana pasada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, va tomando forma. Entre dichas medidas, que se incluirán en un próximo real decreto ley, figura un bloque dirigido a proteger a los consumidores en general (más allá de las estrictamente relacionadas con el bono social de la tarifa eléctrica). El objetivo del mismo es “optimizar la contratación del suministro eléctrico, con una información más transparente, y reducir así el coste de la factura”, indican fuentes próximas al Gobierno.

Según una de las disposiciones de la norma, a las que ha tenido acceso Cinco Días, se prohibirá a las comercializadoras contratar con los consumidores domésticos el suministro eléctrico en la modalidad “puerta a puerta”. Las citadas fuentes aseguran que esta decisión se ha adoptado a la vista del elevado número de reclamaciones que por estas prácticas han presentado los usuarios en los últimos años ante los organismos de consumo y la CNMC.

En 2017 se presentaron en la ventanilla del organismo supervisor 1,137 millones de reclamaciones contra las eléctricas. De aquellas, un 12% se referían a contratación y ventas, aunque entre las más numerosas, las relacionadas con facturación y cobro (el 52% del total), también subyacen denuncias por engaños en la contratación.

Como señaló Teresa Ribera en la comparecencia parlamentaria en la que resumió las líneas maestras del citado paquete de medidas, se aumentarán los actuales tramos de potencia contratada (un coste fijo en el recibo, en función del cual, se paga más o menos por el consumo) para adaptarlos a las necesidades de cada cliente.

Así, frente a la rigidez de los actuales escalones de potencia, de 1,1 kW (lo que se traduce en que el usuario solo pueda contratar 1,1; 2,2; 3,3; 4,4: 5,5 kW, etc.), se va a permitir que los domésticos puedan contratar su potencia en múltiplos de 0,1 kW. Se calcula que existe un exceso colosal de potencia contratada.

Varias de las iniciativas están encaminadas, por su parte, a facilitar que los usuarios puedan contratar la tarifa de discriminación horaria (DH), que permite un ahorro en los consumos que se realicen entre las 10 u 11 de la noche y las 12 o 13 del mediodía, según se trate de horario de invierno o de verano. Las comercializadoras no suelen facilitar esta información, pese al ahorro que en general conlleva. Al ser una modalidad de los peajes, a la tarifa DH tienen derecho todos los consumidores, ya sean grandes o pequeños, ya estén en el mercado libre o regulado.

Para facilitar este acceso, el real decreto ley en ciernes establece la obligación de las comercializadoras de referencia (las que suministran el PVPC a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW) de informarles de los ahorros que obtendrían en caso de contar con la DH. Para ello, les deberán enviar simulaciones de su factura con esta modalidad.

Asimismo, se regulará la posibilidad de que las comercializadoras puedan acceder a información relativa al consumo y la potencia máxima demandada de sus clientes para que estos gestionen su factura: optando por otro tipo de contrato o aplicando medidas de ahorro o eficiencia energética. En todo caso, las empresas deberán proteger los datos personales.

Se adoptarán medidas contra las eléctricas ‘pirata’

Por último, el ministerio quiere frenar el fraude cometido en los últimos años entre pequeñas comerciaizadoras, “que han provocado alarma social, mayores costes para los consumidores y desconfianza”, según los argumentos oficiales. Para evitar que estos fraudes persistan en el tiempo, se agilizará el procedimiento para inhabilitar a las que realicen prácticas fraudulentas, como el incumplimiento de la obligación de comprar energía en los mercado diario e intradiario, lo que supone un sobrecoste con el que carga el conjunto del sistema eléctrico.

Las llamadas comercializadoras pirata adquieren en el mercado mucha menos energía de la que luego vendían a sus clientes, por lo que solo pagaban por la realmente comprada. La diferencia (o desvíos) se saldaba luego a un precio muy superior al del mercado diario y, en función de la misma, el operador del sistema, REE, le imponía garantías excepcionales.

Sin embargo, como las liquidaciones del operador del sistema se realizan a ocho meses vista, las piratas siempre tienen pendiente las del consumo real medido de sus clientes en el mes en curso y en los ocho meses previos. Un margen amplio que les ha permitido engordar el fraude e, incluso, desaparecer o crear otras comercializadoras, dejando un agujero de 100 millones que ha tenido que asumir el resto del sector.

Este importe, según la CNMC, ha sido asumido por el resto de agentes que participa en el mercado eléctrico (comercializadoras, generadoras y grandes consumidores) en proporción al volumen de energía comerciada, mientras que las distribuidoras financian los impagos por peajes.

Pendientes del Consejo de Ministros

El Ministerio de Transición Ecológica quiere que las medidas de choque incluidas en un real decreto ley que debe aprobar el Consejo de Ministros, se puedan empezar a aplicar en octubre. Además de las que afectan al consumidor en general, figura una mejora de la cobertura del actual bono social de la tarifa eléctrica (aprobado en 2017) que convivirá con el antiguo hasta el día 8 de octubre. Ese día termina el periodo transitorio para que los anteriores beneficiarios lo renueven en caso de mantener su derecho.

A falta de una futura reforma del mercado eléctrico, lo más urgente para el Ejecutivo es paliar la fuerte subida de los precios de la electricidad y el incremento del 8% que registrará la factura del gas a partir del 1 de octubre. Un alza que se suma a la del 3,4% del tercer trimestre, provocado por la escalada de los precios de las cotizaciones de las materias primas.

No está claro si el citado real decreto ley recibirá luz verde en el Consejo de Ministros de este viernes (la agenda del presidente, Pedro Sánchez, ha estado marcada esta semana por su viaje oficial a Canadá). De no ser así, podría aprobarse en la reunión de la próxima semana.

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